Desde hace varios años, en España se ha instalado el debate nacional sobre el futuro de las siempre controvertidas centrales nucleares. Si nos atenemos a la opinión del Gobierno central, podemos inferir que les queda más bien poco a estas instalaciones. Sin embargo, son muchas las voces que piden su continuidad, como la de la Comunidad de Madrid, que a través de Carlos Novillo, consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, ha pedido a Moncloa reconsiderar los cierres programados entre 2027 y 2035.

«Un cierre prematuro provocaría 28 millones de toneladas adicionales de CO2, equivalente a unos tres años de emisiones medias en EspañaW, alertó Novillo. Además, cifró en 22.600 millones de euros el encarecimiento que supondría el reemplazo de la energía nuclear por ciclos combinados y combustibles fósiles, en gran parte gas importado de Rusia.

La región madrileña en concreto depende de la energía producida en las centrales nucleares de Trillo (Guadalajara) y Almaraz (Cáceres), que abastecen más del 40% de su consumo energético. Y, con el cierre previsto de Almaraz en 2027, esta dependencia entra en una situación crítica. Para Novillo, mantener estas instalaciones es clave tanto para la seguridad energética como para cumplir los objetivos climáticos. «En Europa, la energía nuclear está siendo reevaluada como una solución viable y sostenible. Pero aquí, seguimos atados a una moratoria que no responde a la realidad actual», lamentó el consejero.

Un giro en el discurso europeo

Las críticas de Novillo también se dirigieron al reciente cambio de postura de Teresa Ribera, exvicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica. Según el consejero, Ribera habría suavizado su oposición a la energía nuclear para conseguir un cargo en la Comisión Europea. «En Europa dice sí a la energía nuclear y en España decía no», acusó Novillo, aludiendo a su intervención reciente en la Eurocámara donde aseguró no tener objeciones al uso de esta tecnología.

Sin embargo, el debate en Europa está dividido. Mientras Alemania, Austria y España encabezan el «bloque antinuclear», otros países como Francia, Suecia y Hungría apuestan decididamente por ampliar su capacidad nuclear. De hecho, en la última cumbre de la ONU sobre el clima, ministros europeos respaldaron la energía nuclear como parte esencial de la estrategia para alcanzar la neutralidad climática.

En este sentido, cierre de las nucleares españolas no solo podría aumentar las emisiones de CO2, sino también, como alertó Novillo, encarecer el precio de la electricidad para los consumidores. En un escenario global donde las tecnológicas y los grandes centros de datos buscan fuentes de energía estables, la falta de generación nuclear podría alejar inversiones indispensables para la economía del país.

El consejero también recordó que la Agencia Internacional de Energía Atómica prevé que la potencia nuclear mundial se multiplique por 2,5 en 2050. Empresas como Microsoft y Google ya exploran su uso para alimentar centros de datos dedicados a la inteligencia artificial. «En este contexto, apostar contra la energía nuclear es poner en desventaja a España frente a otros países que están impulsando sus infraestructuras nucleares», argumentó.

Las posturas en otras comunidades autónomas

Madrid no estará sola en esta «cruzada» a favor de la energía nuclear, ya que otras comunidades como la valenciana han mostrado su desacuerdo con el cierre de la central de Cofrentes, prevista para 2030. Esta instalación produce el 45% de la energía de la región y, según el presidente valenciano, Carlos Mazón, su clausura generaría una dependencia insostenible del gas.

Cabe recordar que, a pesar del impulso de las energías renovables en España, estas no han avanzado al ritmo necesario para sustituir completamente a la nuclear. En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, solo se incorporaron 13 MW renovables en el último año. Aunque proyectos como la planta de hidrógeno en 2026 abren perspectivas esperanzadoras, todavía son insuficientes para cubrir la demanda actual.

El (negro) futuro de las nucleares en España

Con solo cinco centrales operativas, el plan del Gobierno central contempla un desmantelamiento gradual, comenzando, como señalábamos, con Almaraz I en 2027 y culminando con Vandellós II en 2035. Este cronograma responde a una política de transición hacia renovables que ya aportan más del 50% de la generación eléctrica en el país. Sin embargo, los defensores de la nuclear advierten que este plan podría ser contraproducente sin una infraestructura renovable completamente desarrollada.

Cabe ahora preguntarse si, en un mundo donde la demanda energética sigue en aumento, y donde las tecnológicas y los compromisos climáticos exigen soluciones de alta capacidad y bajas emisiones, tiene sentido replantearse un cierre que, a día de hoy, solo traería más pobreza energética… y contaminación.