La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, se plantea con la nueva Ley de Telemadrid disolver el actual ente de Radio Televisión Madrid (RTVM) y crear una nueva sociedad, y además, espera que la televisión madrileña logre autofinanciarse si bien ha reconocido que no faltará financiación pública.

Así lo ha señalado en rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno después del parón estival, y donde se ha aprobado el borrador del anteproyecto de Ley para reformar Telemadrid, un texto completamente nuevo que sustituirá finalmente al anterior porque aunque a priori se iba a trabajar con modificaciones, el Gobierno ha decidido «comenzar de cero» y sustituir toda la anterior regulación porque, en su opinión, esta «bastante desfasada».

Entre las novedades, Cifuentes ha aclarado que el director general de Telemadrid, que será elegido de entre los miembros del consejo de administración formado por siete profesionales –se pasa de nueve a siete–, tendrá que ser elegido por mayoría absoluta si se llega a una segunda vuelta.

Cifuentes ha explicado que la nueva ley se configura como un «código ético en la actuación audiovisual pública» y ha asegurado que quieren buscar un «alto grado de acuerdo entre los diferentes grupos parlamentarios», si bien ha advertido de que no le gustan las «líneas rojas» a la hora de negociar, en relación a las condiciones que plantea Ciudadanos para llevar a cabo esta normativa.

Precisamente, este borrador de anteproyecto de ley obedece al cumplimento del punto 44 del acuerdo alcanzado con Ciudadanos en el pacto de investidura y recoge, entre otras cosas, una carta básica «que presidirá la actuación de Telemadrid fijando objetivos generales de actuación para un periodo de nueve años.

Dichos objetivos se van a aprobar en la Asamblea de Madrid por una mayoría cualificada y «completamente independiente del signo político del Gobierno regional porque la vigencia es superior a la legislatura», una línea que se seguirá en la elección del director general, que será por un periodo de seis años.

Tanto con el director como con el consejo de administración, serán elegidos por mayorías de tres quintos de la Asamblea y si a la hora de elegir director general no se llega a un acuerdo en una primera vuelta, habrá que conseguir mayoría absoluta. Los mandatos en el consejo de administración no serán renovables mientras que el director general podrá obtener una única renovación.

Los candidatos a formar parte del Consejo de Administración así como el director general deberán comparecer previamente en audiencia pública ante la comisión competente en la materia del Parlamento autonómico. Además, salvo el director, los consejeros sólo recibirán una retribución por la asistencia a las sesiones de control.

El consejo de administración estará formado por siete miembros con  formación superior y experiencia en el sector y cualificación profesional comprobada, que hayan desempeñado funciones de administración, alta dirección y control de entidades públicas o privadas, o también méritos relevantes de carácter profesional, docente, o de investigación en ámbitos relacionados con la comunicación. Todo ello durante un periodo de cinco años.

El nuevo texto también contempla la necesidad de que los miembros de este consejo «no podrán ser diputados ni miembros del Gobierno». Además, su condición será «incompatible con cualquier tipo de cargo público ni podrán formar parte de organismos de dirección de partidos políticos, organizaciones sindicales o empresariales», ha explicado.

EL PAPEL DEL CONSEJO ASESOR EN ELECCIONES

También se contempla la creación de un consejo asesor para «un mejor cumplimiento» de las funciones del servicio público y que pueda regular de forma detallada la programación, especialmente en procesos electorales, las declaraciones y comunicaciones oficiales de interés público «garantizando el pluralismo democrático, el derecho de acceso y el de rectificación».

A la hora de realizar nuevas contrataciones, se deberán hacer respecto a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad». Preguntada sobre qué va a pasar con los trabajadores despedidos en este sentido, Cifuentes se ha limitado a decir que hay determinados procedimientos judiciales sin terminar y que respetará el ERE y las sentencias judiciales sobre el mismo.

PRESUPUESTOS

En materia presupuestaria, Cifuentes ha explicado que en la nueva ley se establecen disposiciones tendentes a garantizar el cumplimiento de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera y la Ley de Comunicación Audiovisual de acuerdo con la normativa básica estatal.

Por ello, se contemplan medidas preventivas para evitar cualquier desajuste presupuestario así como medidas de ajuste y reducción de gasto en el supuesto extraordinario de que se incurriera en desequilibrio presupuestario. En este punto, se otorgan especiales facultades de supervisión y control a la Consejería de Hacienda.

Sobre la financiación de la nueva sociedad, Cifuentes ha explicado que la asignación presupuestaria actualmente va a través de un contrato programa y que «hay que ver si se quiere cambiar la forma de financiación». A la presidenta madrileña le gustaría, como ha reconocido, que Telemadrid «tuviera su propia fuente de ingresos y pudiera autofinanciarse».

No obstante, ha señalado que «evidentemente una parte de financiación pública tiene que tener» pero que ella quiere destinar el dinero público a la «sanidad, educación y servicios sociales en primer término». Todo ello se verá, ha dicho, cuando se apruebe la ley, que contempla la disolución del actual ente y la creación de una nueva empresa pública.

ETAPAS CON «INTERVENCIÓN POLÍTICA»

En la línea de «despolitización» que persigue la nueva normativa, Cifuentes ha sido preguntada por si cree que en algún momento ha habido injerencia política, a lo que ha respondido que «Telemadrid nace como nace» y que a «lo largo de la historia, sobre todo, en algunas etapas», ha habido «una fuerte intervención política».

Así, ha recordado que hubo una etapa en la que el director general era un diputado socialista, en referencia a Marcos Sanz, que dejó de ser portavoz del Grupo Socialista para ser director general. Algo similar ocurrió con el presidente del consejo de administración, cuando ocupó el puesto el diputado de IU era Antonio Moral Santín, anteriormente portavoz de IU. Al margen de esto, Cifuentes ha dicho que han pasado por Telemadrid «grandes profesionales a lo largo de todas sus etapas».

Respecto a la crítica de Podemos y PSOE sobre la disminución del número de miembros del consejo de administración que, a su juicio, altera las mayorías, Cifuentes ha negado la mayor: «respeta las mayorías y la libre decisión y elección de los ciudadanos que en las últimas elecciones decidieron votar de manera mayoritaria al PP».

«No entiendo porque la crítica no tiene ningún sentido», ha señalado Cifuentes, que ha acusado al PSOE de hacer «intervención partidista» donde gobierna. «Mira Andalucía, es un modelo que no queremos», ha apuntado.

El objetivo, ha concluido, es que el «texto final sea fruto del diálogo y del consenso» con todos, «también con otros sectores del medio». «Queremos que Telemadrid recupere audiencia y sea una gran televisión que preste ese servicio público que es imprescindible, un referente de calidad, objetividad y profesionalidad. Que sea útil para los madrileños y no para los gobiernos o los partidos», ha sentenciado.