Un informe de la Delegación del Gobierno en Madrid desaconseja que los restos mortales del dictador Francisco Franco sean enterrados en la Catedral de la Almudena de Madrid por razones de seguridad y de orden público.

Los herederos de Franco, que se han opuesto a la exhumación del dictador del Valle de los Caídos, ha expresado su deseo de que, si finalmente se produce la exhumación, sea enterrado en la sepultura que posee la familia en la cripta de La Almudena.

El informe de doce páginas alega que esos problemas obligarían a la Delegación a actuar para preservar la seguridad, actuaciones que, paradójicamente, provocarían una «limitación significativa» de derechos fundamentales, y en concreto los de integridad física y moral, libertad religiosa, libertad y seguridad y manifestación y reunión.

La Delegación del Gobierno argumenta que la cripta de La Almudena no podría absorber el elevado volumen de visitas que atraería la sepultura, incrementado por su carácter céntrico y bien comunicado, y que se sumaría a la presencia habitual de turistas en la zona.

Así, admite que aunque a la cripta de El Valle de los Caídos el flujo de visitas no es constante, coincidiendo la mayor parte de las mismas con efemérides de acontecimientos vinculados con la Guerra Civil o el Franquismo (el 1 de abril, el 18 de julio o el 20 de noviembre), también acuden en los meses estivales o los periodos de vacaciones –150.000 personas sólo entre julio y septiembre de este año–.

Y esto sucede, añade, en un lugar al que hay que ir expresamente en vehículo privado o en el transporte público, situado a 60 kilómetros de la ciudad de Madrid. «Si pensamos en la cripta de la catedral de La Almudena, una ubicación urbana, céntrica y bien comunicada, las visitas sin duda se multiplicarían», entiende.

También ve problemas desde el punto de vista terrorista, puesto que es un lugar emblemático y cercano al Palacio Real o la Plaza Mayor, y avisa de un posible colapso circulatorio y de movilidad en el entorno, con el consiguiente riesgo para los servicios esenciales y la seguridad ciudadana.

Y es que, como recuerda, el elevado volumen de visitas provocaría una «presión evidente» sobre el entorno y, además, dado que la puerta de acceso a la cripta se halla en la vía pública, «no existe ningún espacio adyacente que pueda diluir esa presión».

En este sentido, añaden, es «particularmente preocupante» el efecto en la calle Bailén, situada a muy pocos metros, y una de las principales arterias de la ciudad al formar parte del anillo de circunvalación que rodea la zona de bajas emisiones Madrid Central. Pero la congestión podría llegar también a otras vías próximas, como la avenida de la Virgen del Puerto o la M-30.

Este riesgo de congestión circulatoria representa, a su juicio, «una amenaza importante desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, incluido el ataque terrorista y del orden público» porque la obstrucción de estas vías podrían dificultar el acceso de los servicios de emergencias, ambulancias, bomberos o policía.

PROBLEMAS DE CONFLICTIVIDAD SOCIALES

Además, sostiene que el enterramiento en ese lugar podría generar problemas de conflictividad social, por «espolear a la extrema derecha», ofendiendo así a sus víctimas y parte de la sociedad, y generar altercados, enfrentamientos y concentraciones no autorizadas.

Así lo demuestran, recuerda, los «episodios de conflictividad» registrados últimamente, y destaca el del pasado 18 de noviembre, cuando Falange organizó una manifestación en la Plaza de Oriente en nombre de la Asociación por la Derogación de la Memoria Histórica y conmemorando el aniversario del fallecimiento de Franco.

Tres activistas de Femen intentaron interrumpir el acto al grito de ‘fascismo legal, vergüenza nacional’ que acabó finalmente con insultos, agresiones físicas, que dieron lugar a dos identificaciones y una detención.

«Esta conflictividad sociales aumentaría sin duda como consecuencia de la diversificación en el perfil de los visitantes que traería consigo la inhumación en la cripta», señala, para añadir que se plantea el riesgo de que se produzca una convergencia de muchas personas de ideología y motivaciones muy diversas, «lo cual aumenta la probabilidad de que se produzcan provocaciones, conflictos, agresiones y altercados, en suma, violencia».

En este punto, alude a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de mayo de este año, a propósito de prohibir la exhibición de esteladas en la final de la Copa del Rey de 2016 entre el FC Barcelona y el Sevilla FC en el estadio Vicente Calderón de Madrid. El Tribunal madrileño alaba la decisión de la Delegación al entender que se hizo bajo el principio de precaución y ante la posibilidad de que se perturbara la seguridad y el orden público.

Por todo ello, alega que pueden verse vulnerados los derechos de quienes deseen visitar la sepultura, de quienes acudan a la Catedral por motivos turísticos y religiosos y de todos los que caminen por el entorno, además de los ciudadanos que residen o trabajen en las proximidades del templo.

Frente a la protección de estos derechos fundamentales, la Delegación del Gobierno señala que la facultad de decidir sobre el lugar de enterramiento de un familiar puede ser una pretensión legítima, pero no un derecho fundamental reconocido constitucionalmente sino, a lo sumo, «un derecho subjetivo que se puede ceder proporcionalmente cuando lo exijan razones de interés general o basadas en derechos fundamentales».

En sus conclusiones, añaden que la situación de riesgo permanente tendría el agravante de que «no sería posible prever con suficiente adelanto y precisión el momento en el que podrían producirse perturbaciones de la seguridad ciudadana y orden público, ni organizar y preparar los dispositivos de seguridad necesarios».

Además, se da la circunstancia de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado no pueden acceder al interior de la cripta ni de la catedral por tratarse de lugares de culto. «Ello implica que todas estas medidas sólo podrían adoptarse fuera, lo que complicaría enormemente el mantenimiento de la seguridad y del orden público en el interior, sin la presencia del Estado».