El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha dictaminado la nulidad de ciertas partes clave de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid, en particular las que delimitan las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en todo el municipio y las dos Zonas de Bajas Emisiones de Especial Protección (ZBEDPE), correspondientes a «Distrito Centro» y «Plaza Elíptica». A pesar de esta anulación parcial, el resto de la normativa permanece en vigor, incluidos aquellos artículos que, de forma general o por referencia, se refieran a las ZBE o ZBEDPE que puedan establecerse en el futuro.

Este fallo podría tener un impacto significativo en las restricciones y normativas aplicadas al tráfico y la calidad del aire en Madrid, ya que las ZBE y ZBEDPE son fundamentales para limitar la circulación de vehículos contaminantes en determinadas áreas de la ciudad.

En este sentido, el TSJM ha desestimado varias alegaciones presentadas por el Grupo Municipal de VOX sobre irregularidades en la aprobación de una Ordenanza municipal. No obstante, ha dado la razón a los recurrentes en cuanto a la insuficiencia de los informes previos que sustentan dicha normativa, señalando específicamente la falta de un informe económico adecuado, en línea con la doctrina reciente del Tribunal Supremo. Desde el Grupo Municipal ya se han congratulado por la decisión.

Aunque los jueces reconocen la facultad del Ayuntamiento de Madrid para implementar medidas necesarias de protección ambiental y de salud, en cumplimiento con la normativa europea y nacional, y no cuestionan la urgencia de adoptar políticas contra la contaminación atmosférica, sí critican el proceso llevado a cabo para aprobar la Ordenanza. En particular, consideran que el informe de impacto económico es claramente insuficiente, lo que impide una adecuada valoración de los costos y beneficios de las medidas. Además, no se analizaron alternativas menos restrictivas ni se evaluaron los posibles efectos discriminatorios hacia los colectivos más vulnerables económicamente.

Perjuicio para las personas con menos recursos

La sentencia resalta que las medidas restrictivas afectarán más gravemente a las personas con menos recursos económicos, quienes podrían tener dificultades para adquirir vehículos que cumplan con las nuevas normativas ambientales. Esto es relevante, ya que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética establece el “principio de transición justa”, que requiere que se tomen en cuenta las necesidades de los grupos vulnerables, ofreciendo apoyo durante este proceso.

Además, el tribunal también señala que la Ordenanza no considera el impacto sobre sectores económicos sensibles, como los autónomos, microempresas y pymes, que podrían verse afectados al no poder renovar sus vehículos fácilmente. La resolución concluye que no se respetaron principios de proporcionalidad ni las directrices del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Todo sigue igual (de momento)

Y, ahora, la pregunta que se hace todo el mundo es… ¿podremos acceder de nuevo con nuestro coche a las zonas restringidas? Pues, de momento, no tiene pinta. Borja Carabante, delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, ha señalado que las Zonas de Bajas Emisiones continúan en vigor, ya que la resolución no es definitiva. Por lo tanto, las sanciones impuestas bajo esta normativa no se anularán y el Ayuntamiento está evaluando la posibilidad de presentar un recurso de casación.

Desde la plaza de Cibeles, Carabante explicó a los periodistas que el servicio jurídico del Ayuntamiento ha recibido instrucciones para estudiar la viabilidad de dicho recurso. «No se trata de una decisión política, sino puramente jurídica. Los abogados deben analizar la sentencia y decidir si es conveniente interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. El plazo para hacerlo finaliza el 23 de octubre», detalló.

En todo caso, algunas asociaciones ya se han adelantado a cualquier recurso y ha pedido no solo que se paralice la tramitación de multas, sino que se devuelva todo lo recaudado hasta ahora. Una cifra que calculan está en torno a los más de 330 millones de euros correspondientes a 1,7 millones de multas.

Por su parte, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha subrayado que las Zonas de Bajas Emisiones han demostrado ser eficaces en la reducción de la contaminación, por lo que confía en que el Ayuntamiento de Madrid apele la sentencia que anula las ZBE.