Si todo va según lo previsto, en el año 2026, la Comunidad de Madrid habrá implementado un sistema judicial completamente electrónico, con el objetivo de agilizar los procesos legales y reducir los plazos de tramitación entre un 10 y un 20%.

Este ambicioso proyecto cuenta con una inversión de aproximadamente 53 millones de euros destinados a la renovación y actualización del sistema de justicia regional. Sus principales metas incluyen la eliminación de documentos físicos, la modernización tecnológica de sedes y puestos de trabajo, y la interconexión de infraestructuras judiciales con otras entidades gubernamentales, como hospitales, instituciones penitenciarias y juzgados de otras comunidades.

Actualmente el grado de informatización de la justicia en la región alcanza un 82%, una cifra considerada favorable dadas las complejidades técnicas y legales inherentes a la modernización de este servicio. El desafío del «Papel 0» implica la conclusión de la implementación del Expediente Judicial Electrónico, con la aspiración de que abogados, procuradores, asociaciones y ciudadanos también puedan acceder al sistema, lo cual ahorraría significativamente tiempo en desplazamientos diarios.

Adiós a 23 kilómetros de papel con el sistema de justicia digital

Además, se prevé la incorporación de un índice electrónico para expedientes judiciales y la completa digitalización del Archivo Judicial Territorial, lo que permitiría eliminar 23 kilómetros de documentos en papel y liberar espacio en edificios públicos, suprimiendo aproximadamente 7,2 millones de archivos y documentos anualmente.

Otro proyecto destacado es el Buscador 360º, una herramienta inteligente que ya está en pleno funcionamiento. Esta herramienta permite a jueces, fiscales y letrados recuperar información desestructurada de expedientes judiciales, ya sea escrita o audiovisual.

Con 37 millones de documentos y más de 300.000 vídeos registrados, el Buscador 360º no solo agiliza la gestión, sino que también representa un ahorro sustancial en horas de trabajo. Estas iniciativas reflejan el compromiso de la Comunidad de Madrid en modernizar y optimizar su sistema judicial mediante la incorporación de tecnologías avanzadas.