No todos los madrileños cenaron marisco y lechón en Nochebuena. Tal y como ha denunciado la Unión de Agricultores Ganaderos y Silvicultores de la Comunidad de Madrid, UGAMA, durante la madrugada de la víspera de Navidad, el rebaño de cabras de L.G.S., ganadero de Pradena del Rincón, municipio perteneciente a la Reserva de la Biosfera Sierra del Rincón, sufrió un ataque de lobos con el resultado de 23 cabras desaparecidas, de las cuales y tras un fin de semana de intensa búsqueda, a día de hoy tan solo ha localizado 8 cabras muertas y una malherida.
Desde la asociación se quejan «del drama que sufren a diario los ganaderos de la región, que tienen que soportar el ver a sus animales parcialmente devorados y vivos, animales, al parecer excluidos de la ley de derechos y bienestar de los animales». En este sentido, aseguran que no escatiman en protecciones para sus animales, subrayando que «el rebaño atacado, cuenta con la protección de cuatro mastines y diversos medios de protección frente a los ataques de lobo, pero sin embargo, cuando una manada de lobos se ceba en un objetivo no para hasta provocar el mayor daño posible».
Reclamaciones a la Comunidad de Madrid
Asimismo, la Unión recuerda, en una nota de prensa, que el «ganadero L.G.S., que ya ha ganado una sentencia por reclamación de daños patrimoniales a la Comunidad de Madrid, en la actualidad lleva desde hace más de cuatro años esperando sentencia a otra demanda judicial por los mismos motivos, y se plantea nuevamente, aunque esto le suponga un importante gasto extra, volver a recurrir a la justicia». El principal motivo de plantearse acudir a los tribunales es que según la orden de ayudas para compatibilizar la actividad ganadera con la existencia de lobos, perros asilvestrados y buitres de la Comunidad de Madrid, recientemente actualizada en noviembre de 2022, que dirige Doña Paloma Martin, «de las 23 cabezas desaparecidas solo le serán mal indemnizadas las 9 encontradas».
Por último, la Organización destaca la «desprotección y desamparo» que tiene el sector ganadero por parte de la que es, a su juicio, «una administración insensible que establece normativas unilaterales e injustas, haciendo caso omiso a lo dictado por el Tribunal Supremo, que además de crear jurisprudencia, debería de servir para que las distintas administraciones adecuaran sus normativas y que los administrados no tuvieran que recurrir reiteradamente a los tribunales, con el consiguiente gasto superfluo de ganaderos y contribuyentes, para obtener una indemnización acorde a las pérdidas sufridas por los ataques de lobos».
