La Asamblea de Madrid comienza este mes de septiembre el nuevo curso político, en el que arrancará la comisión de investigación sobre Barajas y se aprobarán previsiblemente los primeros presupuestos del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que trabaja en sacar adelante leyes como las de autonomía fiscal o educación.
No será hasta la próxima semana cuando tenga lugar la primera reunión de la Mesa de la Asamblea tras el parón estival, el lunes 6 de septiembre, y la primera Junta de Portavoces, el 7 de septiembre.
En este nuevo curso de actividad parlamentaria habrá un total de 19 comisiones, entre ellas la comisión de investigación sobre la entrada de casos de covid-19 por el aeropuerto de Barajas, a la que dio luz verde el pleno de la Asamblea en julio.
No habrá en cambio debate del estado de la región por la cercanía con la investidura de Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid tras las elecciones del 4 de mayo. Estas elecciones supusieron la salida de Cs de la Asamblea de Madrid y situaron al PP a tan sólo cuatro escaños de la mayoría absoluta, por lo que tan sólo necesita de Vox para sacar adelante iniciativas al sumar entre los dos grupos más diputados que el bloque de la izquierda (Más Madrid, PSOE y Unidas Podemos).
Primer objetivo: Aprobación de los presupuestos de 2022
La previsible aprobación de los presupuestos de 2022 será la protagonista de este nuevo curso político, tras las dos sucesivas prórrogas de las cuentas públicas de 2019, aprobadas con Ángel Garrido como presidente, entonces en las filas del PP, y Ciudadanos como oposición.
Las dificultades primero para llegar a un acuerdo en los presupuestos de 2021, sumado después a la ruptura del Ejecutivo de coalición de PP y Cs y la posterior convocatoria de elecciones casi a mitad de año, llevaron a la presidenta madrileña a decantarse por centrarse en las cuentas ya de 2022.
Con sus 65 escaños, a cuatro de la mayoría absoluta, Ayuso necesita el apoyo de Vox para poder aprobarlas, para lo cual el partido de Rocío Monasterio puso entre sus condiciones la derogación de las leyes LGTBI o el cierre de Telemadrid, pero no se producirán ninguna de ambas.
El Gobierno ya ha nombrado un administrador provisional para la radiotelevisión madrileña -aunque necesita ser ratificado en la Cámara regional-, y no derogarán las leyes LGTBI, aunque sí contempla hacer cambios en los artículos. Con todo, el Ejecutivo de Ayuso espera alcanzar un acuerdo con el partido de Rocío Monasterio para poder sacar adelante los que serán sus primeros presupuestos planificados por su equipo.
Blindaje Fiscal
Los presupuestos de 2022 contemplarán la bajada de impuestos comprometida por Ayuso ya en la anterior legislatura, que deberá debatirse y aprobarse en el seno del Parlamento madrileño. Madrid quiere reducir medio punto en todos los tramos del IRPF y defender además su autonomía fiscal a través de una ley con la que evitar así una posible armonización por parte del Gobierno central de impuestos como el de Patrimonio y Sucesiones.
Ley Maestra frente a la ‘Ley Celaá’
Al igual que la ley de autonomía fiscal, el Gobierno de Ayuso ha respondido al Ejecutivo de Pedro Sánchez con otra norma para defender su modelo, en este caso el educativo. El objetivo del Gobierno madrileño con la Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa «blindar» la libertad de elección de centro educativo y la educación concertada y especial, ante la aprobación de la Lomloe estatal, conocida como Ley Celaá.
El Gobierno de Ayuso envió a la Asamblea de Madrid el proyecto de ley para que dé comienzo el debate previo y la fase de enmiendas, antes de su aprobación definitiva en la Asamblea de Madrid.
Inicio de la Comisión de Investigación de Barajas
En este nuevo ciclo de la actividad parlamentaria de la Asamblea empezará a andar la comisión de investigación propuesta por el PP sobre el impacto que ha tenido en la región la entrada de casos de covid-19 por el aeropuerto de Barajas, que fue constituida pese a la oposición de la izquierda y la abstención de Vox.
La izquierda rechaza la creación de esta comisión parlamentaria porque, a su juicio, no es competencia del Gobierno regional, por lo que Unidas Podemos ha anunciado que no participará en la misma. Vox, por su parte, sí comparte su necesidad, aunque cree que el Ejecutivo autonómico tiene que asumir su responsabilidad por reaccionar «tarde» a su petición de controlar la entrada de turistas por Barajas antes de la declaración del estado de alarma.
Ratificación del Administrador provisional de Telemadrid
El Gobierno de Ayuso deberá ratificar a José Antonio Sánchez como administrador provisional de Telemadrid, tras relevar a la anterior cúpula encabezada por José Antonio López con la aprobación en julio de la reforma la ley que regula la radiotelevisión pública madrileña.
Ayuso puso a Sánchez al frente de Telemadrid nada más aprobarse la norma, pero su cargo debe ser ratificado por la Cámara regional y se requerirá la obtención de una mayoría de dos tercios en primera votación y de mayoría absoluta en segunda votación, que PP y Vox sí suman. Su cargo será provisional hasta la designación definitiva del director general, para lo que el PP necesita un acuerdo con el resto de grupos, dado que requiere ratificación por una mayoría de dos tercios de la Asamblea.