El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado a declarar el próximo 7 de julio al concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata como imputado por un supuesto delito de humillación a las víctimas del terrorismo y a Irene Villa como testigo y afectada por los comentarios que escribió en la red social Twitter.
La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha confirmado que Guillermo Zapata se mantiene como concejal del Ayuntamiento de Madrid, con independencia de haber sido imputado por la Audiencia Nacional, y ha deseado que la Justicia sea «tan rápida y eficaz» en el resto de procesos judiciales, algunos de los cuales acumulan años de retraso.
En un auto dictado este jueves, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 1 admite a trámite la querella presentada por la asociación Dignidad y Justicia (DyJ), a falta de que subsane unos defectos formales, y acuerda la declaración del concejal, tal y como reclamó la Fiscalía, por los mensajes «humillantes y vejatorios» que escribió el 31 de enero de 2011.
El magistrado, que ha citado con un margen de un cuarto de hora al concejal y a la víctima de ETA, ofrece la posibilidad a Irene Villa de que solicite un cambio de fecha si no quiere coincidir en el juzgado con Zapata.
La fiscal Blanca Rodríguez consideró que los comentarios de Zapata, entre ellos uno en el que decía Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos, entrañan «descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas y de sus familiares».
Además de este tuit, que el edil escribió el 31 de enero de 2011 con un usuario llamado @casiopeaexpres, el informe del Ministerio Público menciona un segundo mensaje publicado el mismo día en el que reproduce un chiste sobre el Holocausto: «¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el cenicero».
El juez, además, impone una fianza de 20.000 euros a la asociación de víctimas para que pueda ejercer la acusación popular en el procedimiento y le pide que aporte los estatutos de la asociación y un poder y que comparezca en el juzgado para ratificar la querella.
Pedraz considera «adecuada y proporcional» esta caución aunque señala que, si Dignidad y Justicia estimara que la cuantía es «desproporcionada», podría solicitar una rebaja aportando sus presupuestos, cuentas anuales y cualquier dato que refleje su situación económica y financiera.
HASTA DOS AÑOS DE CÁRCEL
La Fiscalía defendió en un informe remitido al juez este miércoles que la conducta del concejal, más allá de la restricción de la libertad de expresión que podría suponer su persecución, podría ser constitutiva de un delito tipificado en el artículo 578 del Código Penal, que persigue tanto el enaltecimiento del terrorismo como la humillación de las víctimas y está castigado con penas de hasta dos años de cárcel.
A su juicio, el contenido del mensaje sobre Irene Villa, que el concejal contextualizó en un debate en la red social sobre los límites del humor, puede ser «objetivamente vejatorio y humillante para la destinataria víctima del terrorismo en particular y en general para todas las víctimas que de una forma u otra lo han sido del terrorismo de la organización terrorista ETA».
Tras apuntar la necesidad de «perseguir las conductas de quienes calumnian o humillan a las víctimas al tiempo que incrementen el terror de sus familiares», el escrito de la Fiscalía señala que los comentarios del edil «generan la perplejidad e indignación en la sociedad que les hace merecedores del reproche general».
Según detalla la fiscal Rodríguez, las expresiones proferidas por Zapata responden a los criterios fijados por el Tribunal Supremo para que su conducta pueda constituir un delito de humillación a las víctimas por reunir los conceptos de «descrédito (disminución o pérdida de la reputación de las personas o del valor y estima de las cosas)», «menosprecio (poco aprecio, poca estimación, desprecio o desdén)» y «humillación (herir el amor propio o dignidad de alguien)».