diciembre 23, 2024 4:31 pm
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Madrid

4.200 viviendas okupadas ilegalmente en la Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid tiene contabilizadas en toda la región unas 4.200 viviendas que están ocupadas ilegalmente, de las cuales aproximadamente 2.000 pertenecen a la Agencia de Vivienda Social (AVS, antiguo Ivima) y las restantes corresponden a promociones privadas y son propiedad de particulares o bancos.

Así lo han indicado a Efe fuentes de la Consejería de Vivienda y Administración Local, que explican que la Comunidad mantiene este recuento desde hace varios años a partir de la información desde el sector inmobiliario y el Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

La cifra de viviendas ocupadas, señalan desde la Consejería, se ha mantenido generalmente estable durante los últimos meses, y de hecho observaron un ligero descenso a finales de 2019, después de la puesta en marcha de la mesa de trabajo contra la ocupación ilegal impulsada por la Comunidad.

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El Gobierno regional, añaden las mismas fuentes, está inmerso en «una política activa de recuperación de viviendas»; desde que empezó la legislatura han enviado a los juzgados más de 600 expedientes de viviendas de la AVS para «iniciar su recuperación», y ya se han recuperado «en torno a 200», con previa resolución favorable de la Justicia.

Desde el Ejecutivo subrayan que las 4.200 ocupaciones representan «una cifra elevada que conviene reducir», y que existe un «interés especial» en desalojar las que pertenecen a la AVS.

Según los últimos datos del Ministerio del Interior, los «hechos conocidos» de ocupación ilegal en Madrid (solo los denunciados), han descendido en Madrid en los últimos años: de 1.630 en 2015 se pasó a 1.441 en 2019, mientras que en el primer semestre de 2020 se registraron 657.

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Mientras, el Ayuntamiento de Madrid ha hecho de la lucha contra la ocupación ilegal una de sus banderas, y el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado un plan en el que solicitará a la Delegación de Gobierno acceso a la agenda de citaciones judiciales para que la Policía Municipal pueda pedir medidas cautelares y «proceder inmediatamente al desalojo» de los inmuebles.

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