Susana Pérez Quislant, alcaldesa de Pozuelo de Alarcón y miembro de la Junta de Gobierno de la FEMP, ha ratificado el manifiesto conjunto de los alcaldes de grandes ciudades de España que han suscrito contra la incautación del superávit municipal a los ayuntamientos, por el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias. De esta forma, se une a los alcaldes de grandes ciudades como Madrid, Valencia, Granada, Zaragoza, Pontevedra, Murcia, Cádiz o Santa Cruz de Tenerife.
En el pacto, al que se ha unido la alcaldesa de Pozuelo, figuran regidores de diferentes signos políticos. El Partido Popular de Pozuelo entiende que además de apoderarse de los ahorros de sus vecinos, se excluye a los municipios que no tienen superávit del reparto del fondo de 5.000 millones de euros proveniente de los Presupuestos Generales del Estado.
En el comunicado conjunto, se reivindica el “papel fundamental” que han desempeñado todos los ayuntamientos en la gestión de la pandemia y de sus consecuencias económicas “independientemente de su color político o de su situación económico-financiera”.
Declaraciones de Susana Pérez Quislant
A juicio de Pérez Quislant, “este acuerdo suscrito vulnera la autonomía financiera de las entidades locales, supone la incautación de los superávits municipales y propone excluir a los ayuntamientos que no disponen de remanente del reparto de los fondos provenientes de los Presupuestos Generales del Estado”.
Ante esta situación, exigieron a la FEMP y a Hacienda la “rectificación de forma inmediata” del acuerdo y el inicio de nuevas negociaciones que posibiliten el establecimiento de unos criterios de reparto de los fondos fundamentados en la “igualdad y en la solidaridad”. De esta forma, han seguido la línea de lo realizado con las comunidades autónomas a través del fondo de 16.000 millones de euros habilitado por el Gobierno. A ello añaden que los criterios para la distribución de esos fondos “no son justos ni solidarios, perjudican gravemente a cientos de miles de habitantes de muchos municipios y crean una inaceptable situación de agravio entre unos municipios y otros”.
Un sistema de ayudas arbitrado por el Gobierno
También reivindican los acuerdos alcanzados por unanimidad en el seno de la FEMP para reclamar al Gobierno que “arbitre un sistema de ayudas” a todos los ayuntamientos para afrontar las dificultades económicas ocasionadas por la pandemia.
En este sentido, reclaman que los ayuntamientos tengan la capacidad de “disponer libremente” de los remanentes acumulados durante los últimos años para destinarlos “a los proyectos y políticas que cada municipio determine en función de sus propias necesidades”. Estos alcaldes solicitan a los grupos políticos con representación en el Congreso y en el Senado que rechacen el acuerdo y que “defiendan el derecho de todos los ciudadanos a ser ayudados en igualdad por el Estado independientemente de municipio en el que habiten”.
Solicitan una reunión con el Ministerio de Hacienda
Como último punto, reclaman una “reunión inmediata” al Ministerio de Hacienda para “replantear las ayudas estatales a los municipios”; “reducir las limitaciones financieras impuestas a los ayuntamientos eliminando la regla de gasto, el concepto de déficit y de estabilidad, al menos, para el año 2021”; “avanzar en un nuevo sistema de financiación de las entidades locales que mejore el actual” y “definir el acceso a la financiación europea de los ayuntamientos respecto a los fondos asignados a España por importe de 140.000 millones de euros”.
