En el pasado pleno municipal, celebrado el 29 de abril, tanto el PSOE como APB presentaron una propuesta de ordenanza que regule las instalaciones de repostaje para vehículos en nuestro municipio. Una iniciativa que fue votada favorablemente por todos los grupos políticos de la oposición, , y rechazada por Izquierda Unida y el PP, con lo que no salió adelante.

El PP de Boadilla quiso explicar los motivos de la negativa:

1. La iniciativa que llevaron al pleno es «alegal» pues no existe previsión normativa para que los concejales o grupos de la oposición puedan proponer o formular proyectos de norma.

2. La ordenanza presentada es un sinsentido porque es una copia literal de la de Leganés, que cuenta con una población de 190.000 habitantes, 8 polígonos industriales y 4 grandes centros comerciales. Una ordenanza ha de ser realizada con criterios técnicos y ha de respetar el Plan General de la localidad en la que se realiza. Todo lo que se haga contra este puede ser recurrido y perdido ante los tribunales, consiguiéndose justo el objetivo contrario que pretende la oposición.

3. Lo que ha hecho ésta proponiendo una copia de una ordenanza de otra localidad es una frivolidad, porque estas han de realizarse en función de las características propias y particulares de cada municipio.

Además, la normativa propuesta está recurrida en el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Madrid. Si hubiéramos cometido la irresponsabilidad manifiesta de aprobar esta normativa, lo más probable es que hubiera sido anulada, dejando así completamente desprotegidos a los vecinos.

Ni las erratas se molestó en retirar la oposición proponiendo «el aparcamiento en bacteria», en vez de en batería.

4. Asimismo, es curioso que la oposición ataque el Plan General cuando el mismo exige que se realice una ordenanza antes de la instalación de cualquier surtidor de gasolina.

El mismo plan que critican es el que impide que la Ley de Hidrocarburos se aplique de manera directa como en Valdemoro, gobernado por Ciudadanos.

La nueva cobertura urbanística que tanto detestan para Boadilla del Monte es la mejor herramienta para determinar las condiciones en las que puedan implantarse o no este tipo de instalaciones.

5. El equipo de gobierno asumió el compromiso de ejecutar una ordenanza para regular la actividad de venta de combustibles en nuestro término municipal.

Ya está trabajando en ello y en unos meses Boadilla tendrá una normativa al respecto legal, casera y objetiva, no una copiada y recurrida.

6. También es bueno recordar que la oposición primero presentó una moción directamente ilegal en la que pedían suprimir los surtidores. Después la cambiaron por otra que era reconsiderarlos y ahora traen una ordenanza copiada de Leganés.

Demuestran que, lejos de moverles un conocimiento estrecho de la ley y el bien de los vecinos, lo que les impulsa es obtener un rédito electoral de una cuestión que jamás se debió politizar, porque de lo que se trata es de cumplir la ley, velar por la calidad de los vecinos y proteger la libertad de empresa de un Estado de Derecho.

7. Es bueno destacar, dentro de este cúmulo de irresponsabilidades, las contradicciones del PSOE, quien en 2010 presentó una Proposición no de Ley en el Congreso de los Diputados dirigida a mejorar la competitividad de las empresas y reforzar la competencia en el sector de la distribución minorista de carburantes.

La misma proponía eliminar trabas burocráticas que entorpezcan el proceso de apertura de nuevas instalaciones de suministro de combustible al por menor, potenciar criterios de competencia, favorecer la apertura de nuevas estaciones de servicio y simplificar el marco regulatorio de distribución minorista de hidrocarburos.

Además, el PSOE se mostró de acuerdo con Podemos en el punto número 3 del pacto propuesto por Pablo Iglesias en el que se pretendía “reformar la Ley de Hidrocarburos para introducir mayores niveles de competencia efectiva, lo que permitirá reducir los precios y los elevados márgenes de las estaciones de servicio”.

8. Por último, hay que subrayar que la actitud del PSOE puede ser entendida como una coacción a los funcionarios públicos que han de velar por la ordenanza mezclando la Gürtel con la ubicación de surtidores de gasolina.

Si tienen algo que decir sobre algún trabajador municipal que lo hagan en la Audiencia Nacional, como ha hecho el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, personado en la trama desde la pasada legislatura, quien hasta la fecha ha actuado, ante los Tribunales, no la prensa, contra aquellos de quienes tenía sospechas, haciendo una labor muchas más fructífera en este juicio que la realizada por el PSOE, que muestra escasa profesionalidad.