Heredó la abuela una vivienda hace ya casi 50 años. Resulta que se murió un primo soltero que había heredado un edificio entero de viviendas, en un pueblo de los extrarradios, las afueras, la periferia, el suburbio, el cinturón rojo que dejó de serlo.

Y resultó que la abuela, junto a numerosos hermanos y primos, acabó siendo a su vez heredera de un piso. Ocurrió poco después de la muerte del dictador, poco antes de la muerte de su marido, poco antes de que un tal Boyer aprobara una ley que dividió a los inquilinos en aquellos que eran anteriores a su ley y los posteriores a su ley.

Los anteriores a la ley Boyer pasaron a ser inquilinos de renta antigua. Los posteriores pasaron a ser inquilinos de renta nueva. Los primeros vieron congelados sus alquileres, los segundos podían actualizar sus alquileres y hasta fijar nuevos precios al cabo de un tiempo.

La abuela heredó técnicamente una ruina provocada por un presunto socialista que, poco después, se terminó encuadrando en las tramas corporativas de las grandes empresas, enredado en las fiestas de la alta sociedad, casado con una coleccionista de cantantes, marqueses, ministros y hasta premios Nobel de literatura y apoyando el programa económico de Aznar.

La abuela comenzó a percibir una pensión mínima de viudedad y una renta de alquiler consistente en la décima parte de lo que hoy cuesta el alquiler de una vivienda del mismo tipo. A cambio la abuelilla debía presentar cada año la declaración de la renta por tratarse de una rentista en toda regla. En concreto percibe mucho menos de 100 euros al mes en concepto de alquiler.

Mientras tanto, la inquilina de la abuela, se separaba, trabajaba y más tarde comenzaba a percibir una pensión mayor que la de la abuela. Ahí donde lo ves, parte de la política social que garantiza que una persona pueda disfrutar de una vivienda, se sostiene en las abuelas.

No digo yo que un derecho como el de la vivienda, pueda verse sometido a las brutales avaricias del mercado. No creo tampoco que la libertad de mercado deba imponerse sobre el disfrute de bienes sociales como la vivienda. Creo que deben fijarse topes a los precios de los alquileres, con criterios razonables.

Pero creo también que una abuela no debería suplir las responsabilidades del gobierno de turno, municipal, autonómico, o del mismísimo Estado, a la hora de asegurar el cumplimiento del derecho efectivo a una vivienda.

Limitando los excesos del mercado, gobernando sobre sus peores instintos, los gobiernos deberían garantizar que la abuela cobre una renta justa y, cuando su inquilina no pueda pagar la totalidad del precio del alquiler, fueran las instituciones las que asumen la diferencia.

Parece lo razonable, pero no lo es. Y no lo es porque no hay política de vivienda, sino parches descompensados, desequilibrados y con frecuencia maniqueos, populistas, e injustos al problema. Son ya demasiadas las personas que piensan que nadie aporta soluciones sino tan sólo buenas palabritas, grandes promesas, mucho ruido y pocas nueces.

Mal asunto. Malo para la fortaleza de la democracia, malo para la abuelita, malo para la gente que espera mucho, inútilmente, de la política y de los políticos, hasta que al final desespera.