El problema de los grafitis en el transporte público no es ninguna novedad. Todos hemos visto trenes cubiertos de pintadas que, lejos de ser arte urbano, representan un acto de vandalismo que degrada el servicio y genera costes millonarios. Más allá del impacto visual, estas acciones afectan a la operatividad de las líneas ferroviarias, retrasan servicios y generan un gasto que, en última instancia, termina saliendo del bolsillo de todos los ciudadanos. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de las empresas de transporte, el problema sigue creciendo a un ritmo preocupante.
En este sentido, Madrid es una de las regiones que más sufre este tipo de vandalismo. La red de Cercanías, que transporta a miles de viajeros cada día, se ha convertido en un objetivo prioritario para los grafiteros. En los últimos dos años, el aumento de las pintadas ha sido notable, obligando a Renfe a destinar cada vez más recursos a su eliminación. Mientras tanto, los usuarios deben lidiar con trenes inmovilizados, retrasos y cancelaciones derivadas de estas acciones.
De hecho, durante 2023 y 2024, Renfe ha limpiado aproximadamente 90.000 metros cuadrados de grafitis en sus trenes a nivel nacional, equivalente a más de 12 campos de fútbol. Este esfuerzo ha supuesto un coste anual de alrededor de 25 millones de euros, que incluye gastos en productos de limpieza, personal, equipos de protección, costes energéticos, gestión de residuos y medidas de seguridad para prevenir futuros actos vandálicos.
Solo en la Comunidad de Madrid, la más afectada, se ha observado un incremento más que importante en la superficie de grafitis. En 2023, se limpiaron 19.373 metros cuadrados, mientras que en 2024 la cifra aumentó a 22.926 metros cuadrados. Específicamente, en el servicio de Cercanías Madrid, se eliminaron 19.323 metros cuadrados de grafitis en más de 1.000 unidades durante 2024.
Impacto en la operatividad y servicio al viajero
Tal y como indican desde Renfe, la limpieza de grafitis no solo representa un desafío económico, sino que también afecta la operatividad de los trenes y la calidad del servicio ofrecido a los viajeros. Las unidades afectadas deben ser inmovilizadas durante días para su limpieza, lo que reduce la disponibilidad del servicio y puede provocar retrasos o cancelaciones. Además, según los estándares establecidos, se requieren más de 10.000 horas netas al mes para las labores de limpieza, lo que refleja la magnitud del problema.
El vandalismo grafitero también tiene consecuencias medioambientales significativas. Se estima que anualmente se utilizan 16.000 litros de pintura en estas acciones, lo que genera alrededor de 40.000 botes de spray como residuo peligroso. Para minimizar este impacto, Renfe ha implementado protocolos específicos de limpieza que evitan que los residuos lleguen al suelo, utilizando mantas absorbentes y sistemas de gestión medioambiental especializados.
Además, el traslado de los trenes a los centros de limpieza conlleva un importante consumo energético. Se calcula que el consumo eléctrico derivado de estos desplazamientos alcanza los 400.000 kWh, lo que equivale a 36 millones de bombillas encendidas durante una hora o al abastecimiento energético de más de 44.000 hogares en un día.
Medidas de seguridad y prevención
Para combatir este fenómeno, Renfe ha venido intensificando de manera constante las medidas de seguridad en sus instalaciones. Un informe de la compañía de 2022 subraya que ese año se denunciaron 3.559 intrusiones de grafiteros, lo que representa una media de cerca de 10 actos vandálicos diarios. La presencia de personal de seguridad permitió abortar 729 incursiones grafiteras y se detuvo a 33 grafiteros, mientras que las fuerzas y cuerpos de seguridad pusieron a disposición judicial a 150 individuos.
Además, se ha identificado una tendencia preocupante conocida como «turismo del grafiti«, donde individuos de diversos países viajan por Europa para realizar pintadas en trenes, grabando sus acciones y difundiéndolas en redes sociales. Este fenómeno ha llevado a operaciones policiales internacionales, destacando la colaboración entre la Policía Nacional, la Interpol y el CITCO, que culminaron en la detención de una docena de personas y la identificación de otras tantas, con daños estimados en casi medio millón de euros.
