Hace algunos días veíamos que, con las nuevas políticas ambientales que se están poniendo en marcha en Madrid, la calidad del aire en la capital había mejorado significativamente en los últimos años. Sin embargo, nunca llueve al gusto de todos y varios representantes del sector del transporte y la distribución han sobre los efectos de las restricciones de acceso en la ciudad, afectando significativamente a estos sectores clave para el abastecimiento.
Las asociaciones Aetg, Aetram, Ata, CETM, Confebus, Femav y Fenadismer han alertado que la decisión del Ayuntamiento de Madrid de convertir todo el término municipal en Zona de Bajas Emisiones para 2025, y aplicar prohibiciones a la circulación de determinados camiones y autobuses en la ciudad, podría derivar en una falta de productos por la imposibilidad del acceso.
En un comunicado conjunto, estas organizaciones empresariales han denunciado además una «política hostil hacia el sector del transporte» que, según ellas, «es única en toda España, ya que ninguna otra ciudad ha implementado una medida restrictiva similar hacia este sector. Además, no responde a ninguna exigencia medioambiental ni normativa estatal o europea».
Encarecimiento de bienes a partir de 2025
Las entidades estiman que la restricción de más del 50% de la flota actual de transporte, prevista por el Ayuntamiento a partir de enero próximo, conllevará automáticamente un encarecimiento significativo de muchos productos alimentarios y otros bienes.
Por otro lado, han alertado de que estas restricciones podrían supones la «paralización práctica» de los nuevos desarrollos urbanísticos en la ciudad, especialmente en el Sureste, Madrid Nuevo Norte y la Operación Campamento, al impedir que gran parte de la flota actual de vehículos de transporte de obras continúe operando, «sin que exista una alternativa viable».
Por último, estas organizaciones, que se han declarado a favor del «fomento de la movilidad sostenible, pero sin desincentivar la actividad del transporte profesional«, han pedido al Ayuntamiento a sentarse «a consensuar con el sector una política realista de adaptación a las nuevas demandas medioambientales, que permita reducir las emisiones sin afectar la continuidad de una actividad esencial para el resto de la economía».
