La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha visitado este miércoles en Torrejón de Ardoz la promoción de 137 viviendas de alquiler a precio asequible del Plan Vive que el Gobierno regional entregará en octubre, y cuya comercialización se abre la próxima semana.
La urbanización, situada en la calle Desmond Tutu de la ciudad, consta de 67 pisos de un dormitorio, 56 de dos y 14 de tres, además de áreas comunes con piscina, área deportiva, zona infantil, gimnasio, coworking, trasteros y garaje con puestos de recargas para coches eléctricos. Asimismo, la construcción cumple los criterios de sostenibilidad, habitabilidad, y aprovechamiento energético con climatización mediante aerotermia, que combina calefacción y refrigeración.
Precios entre 550 y 927 euros mensuales
Por estas casas, los inquilinos pagarán entre los 550 y los 927 euros mensuales, incluidos los gastos de comunidad e IBI, un coste hasta un 40% inferior al de mercado.
Gracias al Plan Vive, la Administración madrileña pone a disposición de los ciudadanos cerca de 8.500 viviendas, de las cuales, 274 ya han sido entregadas en Alcorcón, 6.500 están en fase de ejecución; 4.000 se van a finalizar en este mismo año y 2.391 se encuentran ya en estado de comercialización. En concreto, se trata de 488 pisos de San Sebastián de los Reyes, 300 en Alcalá de Henares, 563 en Tres Cantos, 492 en Getafe, en los barrios de Los Molinos y Buenavista, y 548 más en la ciudad alcorconera.
Para su construcción, la Comunidad de Madrid ha apostado, por un lado, por la técnica industrializada, que reduce los plazos de edificación significativamente; y por la colaboración público privada como solución eficaz de gestión del suelo, modelo innovador por el que se han interesado otras regiones y países.
Requisitos para acceder a una vivienda del Plan Vive
El principal requisito para poder optar a estos pisos es que la persona solicitante la destine a residencia habitual y, además, no tenga ninguna otra propiedad a su nombre en todo el territorio nacional. Igualmente, ha de ser mayor de edad y tener la nacionalidad española, teniendo prioridad los empadronados en el municipio donde estén ubicadas las casas, los que tengan su puesto de trabajo en la localidad desde hace al menos tres años y las víctimas de violencia contra la mujer.
Otro aspecto importante es el límite de gasto ya que no se puede destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total por año.
