En medio de una crisis sin precedentes relacionada con la llegada masiva de menores no acompañados (menas) al territorio nacional, la Comunidad de Madrid se encuentra en el centro del debate político y social sobre cómo abordar esta problemática de manera efectiva y humanitaria.

Tras el acuerdo unilateral del Ejecutivo Central y el Gobierno de Canarias, en el que ha primado el “te lo debo por un voto” frente a la “responsabilidad política”, desde la Consejería de Familia y Política Social, con Ana Dávila al frente, se están llevando a cabo una serie de medidas para atajar de manera responsable esta delicada situación y hacer  frente a un Gobierno central cuya falta de inclusión y diálogo ha suscitado inquietudes, negociando esa “solidaridad obligatoria” por la puerta de atrás para imponer un reparto al resto de las Comunidades Autónomas sin coordinación, ni diálogo.

En la Comunidad de Madrid somos conscientes del compromiso adquirido a pesar de que el Ministerio no ha tenido en cuenta ni los principios de equidad y justicia, ni la necesidad de una coordinación transparente y ética, evidenciando la falta de todas ellas y, sobre todo, obviando el bienestar de los menores que vienen a nuestro país.

Ante esta situación sobrevenida, los recursos asignados a nuestra Comunidad, tanto los económicos como los asistenciales, son insuficientes para dar acogida a la llegada masiva de menores, ya que los centros de la red pública están cada vez más tensionados.

La sobreocupación y el desbordamiento de estos centros se pone de manifiesto en las cifras. Madrid ha atendido ya a 1.200 menores en lo que va de año, un dato muy superior al de todo 2023 y que ya supone un incremento del 200% menas.

Por el bienestar de los madrileños, y, sobre todo, de estos menores, Pedro Sánchez debe realizar un aumento del presupuesto en aquellas comunidades autónomas donde esa “solidaridad obligatoria” está suponiendo un incremento, aunque sea a través de fondos europeos, ya que, sin presupuestos nacionales, es más difícil cumplir promesas electorales.

 Aun así, ante la negativa del Gobierno central a distribuir de manera homogénea a estos menores, la Consejería de Familia y Política Social está poniendo en marcha todos los mecanismos necesarios para cumplir con un compromiso humanitario, llevado a cabo con la máxima responsabilidad y sensibilidad, brindado apoyo y asistencia, desde la provisión de alojamiento y servicios básicos, hasta la implementación de programas de integración y apoyo psicosocial, así como numerosas iniciativas para la adaptación a una nueva vida.

En este sentido, y para hacer frente a esta situación de descontrol, desde el Gobierno Regional se han iniciado las obras de remodelación del edificio de La Cantueña, en Fuenlabrada, con el propósito de garantizar la protección y el bienestar de los menores.

Sin embargo, el ayuntamiento de este municipio, gobernado por el socialista Francisco Javier Ayala, se ha negado a poner en marcha este espacio, lo que no deja de generar perplejidad, demostrando la hipocresía y doble moral de aquellos municipios gobernados por la izquierda.

Además, tal y como ha anunciado el consejero de Presidencia y Administración Local, Miguel Ángel García, no sólo se va a rehabilitar para dar cabida a los menas, sino que también se va a poner a disposición de los jóvenes de este municipio para que puedan disfrutar del espacio y realizar diversas actividades.

Tenemos que recordar que estamos ante esta situación por la falta de diligencia del Gobierno de Pedro Sánchez, a la que no podemos dejar de hacer frente por responsabilidad y solidaridad obligatoria, ya que el problema no son los menores que llegan a nuestro país, el problema es que el Gobierno de España no cumple con sus obligaciones.

En la Comunidad de Madrid velamos por la seguridad y la protección del menor y, sobre todo, cumplimos con rigor la Ley que protege los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.