Esta semana se ha producido un hecho muy importante para la Administración de Justicia en la Comunidad de Madrid. Tras la finalización del plazo de presentación para la redacción de proyectos y la ejecución de las obras para la construcción de la futura Ciudad de la Justicia de Madrid, el Ejecutivo regional ha recibido cinco ofertas para poder hacerlo realidad.
Esto supone un hecho relevante, porque significará que, antes de que finalice el verano, se adjudicará el proyecto para comenzar las obras durante el primer semestre del año 2025. Y es que, con este hito, se ha dado comienzo a la denominada FASE CERO, que comprende todo el proceso de licitación y adjudicación del proyecto, y a la redacción de los proyectos básicos y de ejecución.
Toda esta infraestructura supondrá la unificación de las sedes judiciales de la capital en un único complejo, el más grande del mundo, con el que se evitarán los desplazamientos de profesionales y ciudadanos de un lugar a otro de la ciudad, se ahorrarán costes y se facilitará, haciendo más ágil, la creación de nuevos órganos judiciales que pudiera aprobar el Ministerio de Justicia en un futuro.
Asimismo, este proyecto se ejecutará teniendo en cuenta cuatro líneas básicas: impulso la humanización de la Justicia, la eficiencia energética, la accesibilidad y la digitalización.
En definitiva, se avanza hacia un modelo de Justicia más moderno y accesible, centrado en dotar de medios al Poder Judicial para que pueda realizar su labor en las mejores condiciones y total independencia. Ese es el objetivo que se ha marcado el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, y esta Ciudad de la Justicia es un paso más en el camino para que esta legislatura sea la de las infraestructuras judiciales en la región, con una inversión total 830 millones de euros que permitirán actuar sobre el 90% de los órganos judiciales.
De acuerdo con sus competencias, la Comunidad de Madrid está mejorando infraestructuras judiciales como los nuevos edificios de Navalcarnero, San Lorenzo de El Escorial, Valdemoro o Getafe, por poner algunos ejemplos. Además, sigue abierto el plazo para la recepción de ofertas del proyecto de obra del Palacio de Justicia de Móstoles, que dará cobertura a más de 300.000 madrileños.
También se ha firmado un acuerdo con todos los sindicatos para mejorar las condiciones laborales de los funcionarios de Justicia, incorporando además 155 nuevos puestos en Fiscalía, Medicina Legal y otros órganos judiciales.
Y se está trabajando con los colegios de abogados y procuradores para actualizar los baremos de los profesionales del Turno de Oficio, en los que ya más del 80% de los mismos tienen mejores retribuciones en la Comunidad de Madrid que en el territorio dependiente del Ministerio de Justicia.
En definitiva, el Ejecutivo regional no va a cejar en su empeño de invertir en la Administración de Justicia para garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos. Porque apostar por una Justicia con mayores y mejores medios, e independiente, contribuye a sostener la permanencia de nuestro modelo democrático y a hacer más fuerte el Estado de Derecho que todos nos hemos dado con la Constitución de 1978.
