Alcorcón ha sido el lugar donde la Comunidad de Madrid ha entregado una nueva promoción de viviendas del Plan Vive. Con esta entrega, ya son 274 los apartamentos de alquiler asequible disponibles para los alcorconeros en los primeros meses de este año. La urbanización, ubicada en la calle África, consta de 134 inmuebles, cuyos residentes han recibido hoy las llaves de sus hogares.
Además, la Consejería de Vivienda, Transporte e Infraestructuras tiene actualmente en ejecución en esta misma localidad otras 548 casas, que finalizará antes de que acabe el año y empezará a comercializar a principios de 2025. Estas urbanizaciones están construidas siguiendo la técnica de edificación industrializada, y cuentan con los últimos avances en materia de eficiencia energética.
Se trata de pisos de uno, dos y tres dormitorios por los que sus inquilinos pagarán hasta un 40% menos que el valor de mercado para promociones de iguales características: obra nueva, en urbanización cerrada con piscina, zonas verdes, trastero y plaza de garaje. Estas oscilan entre los 400 y los 800 euros mensuales, una relación calidad-precio que ha quedado probada en la amplia demanda que han tenido, con más de 12.000 solicitudes registradas.
Una manera de incrementar la oferta del alquiler
El Plan Vive es una iniciativa de colaboración público-privada diseñado para incrementar la oferta de alquiler con valor reducido en la región. A día de hoy, la Comunidad de Madrid tiene en diferentes fases de ejecución otras 8.500 viviendas: 6.500 ya adjudicadas, 4.000 que concluirán este año y 1.912 en licitación.
El principal requisito para optar a estos pisos es que la persona solicitante la dedique a residencia habitual y no tenga ninguna otra propiedad a su nombre en todo el territorio nacional. Igualmente, han de disponer de la nacionalidad española, teniendo prioridad los empadronados en el municipio donde estén ubicados o los que tengan su puesto de trabajo en la localidad desde hace al menos tres años. Otro aspecto importante es el límite de gasto, ya que no se puede destinar más del 35% de los ingresos netos anuales de la unidad de convivencia al pago de la renta total por año.
