En un hito histórico que pone fin a más de dos décadas de espera, la Comisión Ordinaria de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad de Madrid ha ratificado de manera definitiva el convenio urbanístico que dará vida a los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel.
Ahora, tras el visto bueno de esta comisión, el proyecto se encamina hacia el Pleno de Cibeles para su discusión y aprobación este mes de septiembre. Este desarrollo transformador abarca una superficie de 172.143 metros cuadrados y marcará un antes y un después en la zona, incorporando viviendas, infraestructuras sanitarias, educativas, y espacios verdes en una ubicación que ha estado inactiva durante décadas.
El convenio urbanístico en cuestión fue firmado en diciembre de 2022 por los dos propietarios de los terrenos, la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios y de la Seguridad del Estado (SIEPSE) y la empresa Pryconsa. Este ambicioso proyecto contempla la distribución de las parcelas entre los propietarios de la tierra y el Ayuntamiento de Madrid.
Vivienda, dotaciones sociales y zonas verdes
La envergadura del proyecto es monumental, abarcando una extensión que va desde la avenida de los Poblados, la calle de Monseñor Óscar Romero y el parque Eugenia de Montijo. Uno de los aspectos más destacados del acuerdo es la cesión gratuita al Ayuntamiento del 10 % del aprovechamiento urbanístico, lo que otorga al consistorio la propiedad de una parcela destinada a viviendas de protección pública básica y otra para viviendas colectivas libres. En total, el Ayuntamiento de Madrid será el titular del 71 % de una parcela de uso residencial en la categoría de vivienda colectiva libre.
Además, el Ayuntamiento también adquiere una parcela central en los terrenos destinada a un equipamiento singular de salud, que será un hospital, con una superficie de 39.920 metros cuadrados. Otra parcela será asignada para un equipamiento básico de bienestar social, abarcando 2.037 metros cuadrados. Como parte de la visión de un espacio más verde, el Ayuntamiento también obtendrá cinco áreas destinadas a zonas verdes, sumando un total de 23.460 metros cuadrados, y 46.000 metros cuadrados de nuevas vías públicas.
La Administración General del Estado conservará la titularidad de una parte de los terrenos, donde actualmente se encuentra una Comisaría de Policía Nacional y un Centro de Internamiento de Extranjeros, abarcando 14.050 metros cuadrados, destinados a servicios públicos. Asimismo, se le asignarán dos parcelas para oficinas con una superficie combinada de casi 9.700 metros cuadrados y una parcela para equipamiento educativo de 2.560 metros cuadrados.
SIEPSE, por su parte, será beneficiaria de cuatro parcelas: dos destinadas a viviendas colectivas libres con 7.988 y 10.435 metros cuadrados respectivamente, una parcela residencial para viviendas de protección pública básica que abarca 15.638 metros cuadrados, y el 28 % de otra destinada a viviendas de protección pública básica, compartida con el Ayuntamiento.
Finalmente, Pryconsa mantendrá la titularidad de una superficie de 3.123 metros cuadrados para uso residencial en la categoría de vivienda colectiva libre.
Uno de los elementos más significativos del acuerdo es que SIEPSE asumirá la responsabilidad de costear todas las obras de urbanización, así como las posibles indemnizaciones y gastos de demolición que puedan surgir. El costo estimado inicial de estas obras es de 25 millones de euros, y se espera que comiencen dentro de un plazo máximo de ocho meses desde la notificación al promotor del acuerdo de aprobación definitiva del proyecto de urbanización. La duración prevista de estas obras es de 15 meses.
Lo que antes fue un espacio de penurias y malos recuerdos, dará paso a un nuevo lugar para la vida en la capital.
Imagen de portada: gaelx en Wikimedia Commons
