El anuncio de la nueva Ley de Vivienda del Gobierno es una muestra más del rumbo equivocado que está siguiendo la política económica de Pedro Sánchez en los últimos años. Son muchas las voces del sector que alertan de que las medidas anunciadas reducirán la oferta de viviendas en alquiler y, por tanto, se producirá una importante subida de precios en el medio y largo plazo, justo el efecto contrario al supuestamente pretendido por el ejecutivo.

Aquellos que tienen una o varias viviendas en alquiler entienden que la nueva ley podría retrasar los desalojos tras una ocupación de su vivienda y sienten incertidumbre ante la posibilidad de no poder repercutir las subidas de los gastos inherentes a su vivienda en el precio del alquiler, al toparse de manera permanente la subida de la renta cobrada a los inquilinos.

En el caso de que la Ley de Vivienda vea la luz en los términos anunciados, en no mucho tiempo veremos cómo algunos miembros del Gobierno de Sánchez, ahora tripartito, vuelven a hablar de “los efectos indeseados de la ley” y tienen que recurrir al Partido Popular para subsanarla a través de lo que llamarán “enmiendas técnicas” o “fe de erratas”.

Entre los efectos indeseados se producirá una contracción de la oferta, por las razones anteriormente explicadas y porque se ahuyentará la inversión. Esto redundará en una subida del precio de los alquileres y en el endurecimiento de las condiciones que los arrendadores impondrán a los arrendatarios a la hora de alquilarles un inmueble, como el incremento del número de mensualidades exigidas como fianza.

De esta forma, perderán todos, arrendadores y arrendatarios, pero especialmente aquellos inquilinos más vulnerables, a quienes supuestamente pretenden proteger, que tendrán más dificultades de encontrar una vivienda adecuada en el mercado.

De hecho, según un estudio publicado por Idealista la oferta de viviendas en alquiler se ha reducido ya un 28% en España en los últimos cuatro años y las rentas por alquiler han crecido un 11,4% en todo este tiempo, lo que pone de manifiesto lo errado de las políticas llevadas a cabo por el Gobierno de España y la nula eficacia de las medidas ya aprobadas para topar el precio de los alquileres.

Por tanto, haría bien el Gobierno de España en sacar sus manos del mercado y ponerse a la tarea con medidas efectivas en el ámbito de sus competencias para favorecer de verdad el mercado del alquiler y el acceso a la vivienda. Entre esas medidas, tienen que estar de manera necesaria aquellas que refuercen la seguridad jurídica y la protección de los arrendadores ante eventuales ocupaciones de viviendas y las que permitan que haya una mayor oferta de viviendas en el mercado, especialmente en las zonas más tensionadas.

Pero, como ha ocurrido con otros temas, perdamos toda esperanza. Sánchez y todos sus socios harán lo contrario de lo que se necesita y sacarán adelante –una vez más- un nuevo esperpento de ley.