La actual legislatura no pasará a la historia por su calidad legislativa. Podríamos llegar a decir que desde que Sánchez y socios en el Gobierno y en el Congreso de los Diputados controlan el Ejecutivo y el Legislativo no hemos tenido una ley buena en nuestro país.
La ley más perniciosa, y la que más alarma social ha generado, es la conocida como “ley del sólo Sí es Sí”, que ya ha permitido que más de 500 delincuentes sexuales se hayan beneficiado de la reducción de su condena y que, muchos de ellos se encuentren incluso en libertad. Cada minuto que pasa es más urgente su reforma, pero la soberbia de Unidas Podemos, especialmente de la ministra Irene Montero y de su todo su equipo, así como la actitud indolente del Partido Socialista de Pedro Sánchez están haciéndonos perder un valioso tiempo.
Tampoco el ámbito laboral se ha librado de los perniciosos efectos de la actividad legislativa del Gobierno de coalición. Los retoques introducidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social en la reforma laboral de 2012 para mejorar la estabilidad en el empleo se han quedado en agua de borrajas.
A saber, después de la reforma laboral la temporalidad se ha disfrazado de lo que conocemos como contratos fijos-discontinuos. De hecho, el 40% de los nuevos contratos indefinidos son fijos discontinuos y el 20% lo son a tiempo parcial.
Otro dato muy elocuente de que la reforma laboral de la ministra Yolanda Díaz no ha mejorado la estabilidad en el empleo es que la duración de los nuevos contratos se ha desplomado al mínimo en 17 años. El 63 por ciento de ellos no supera la semana y la duración media de las contrataciones se sitúa en 48,3 días en el primer año de aplicación de la reforma laboral.
El empleo por cuenta propia tampoco se ha visto mejor parado: el número de trabajadores autónomos se redujo en 111.200 (-3,5%) en 2022. Y las personas más alejadas del mercado de trabajo lo tienen cada vez más difícil a tenor del dato de la última Encuesta de Población Activa donde se recogía que el número de hogares con todos sus miembros activos en paro supera ya el millón de personas.
Si nos preguntamos por el empleo joven, al finalizar 2022 había en España un total de 931.100 jóvenes de 16 a 29 años que ni estudian ni trabajan (‘ni-nis’), 18.600 más que a finales de 2021.
Y no me olvido de la reforma exprés del Código Penal para derogar el delito de sedición y reformar el de malversación, que ha dejado más desprotegido al Estado frente a amenazas como las que vivimos durante el procés en Cataluña y que ha supuesto una esperpéntica demostración de lo que podemos llamar legislar a la carta en favor del reo. Ni tampoco de la reciente aprobación de la Ley Trans, una norma que nace sin el debate y el consenso social necesario y de cuyos perniciosos efectos ya nos están alertando muchos expertos y podemos ver en algunos países de nuestro entorno.
Por lo que sí pasará a la historia nuestro presidente Pedro Sánchez, ahora que anda tan preocupado por conocer cómo le recordarán las generaciones futuras, es por ser el presidente del Real Decreto Ley. Desde que Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 ha aprobado 135 decretazos, lo que supone una media de 33 decretos leyes al año. Los años 2020 y 2021 fueron, después de 1978, los años con más reales decretos leyes de la historia de la democracia.
Triste balance legislativo de un Gobierno en descomposición que aún nos amenaza con nuevos textos legales que harán las delicias de sus incondicionales pero que dejarán aún más preocupados y desprotegidos a la mayoría de los españoles hasta que un nuevo Gobierno y otra composición del Congreso logren su completa derogación o reforma.
Miguel Ángel García Martín
Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y Secretario de Programas Electorales del PP de Madrid
Twitter: @MA_GarciaMartin
