Mientras comenzaba a escribir el artículo de esta semana, el Congreso de los Diputados daba luz verde a la derogación del delito de sedición, a la rebaja de la malversación para adecuarla a las necesidades de los socios condenados del presidente Sánchez y a reformar, vía enmienda, las leyes del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional con 184 votos a favor. La aprobación definitiva queda ahora a expensas de la decisión que adopte el Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse el lunes sobre los recursos presentados por el Partido Popular y por Vox en contra de la iniciativa y del procedimiento tramposo empleado.
Hasta el último minuto, la presidenta del Congreso ha trabajado al dictado de los intereses del Gobierno social-comunista y de sus socios en el Congreso, acelerando una reforma exprés para derogar el delito de sedición, reformar el de malversación y asaltar el Poder Judicial, haciendo oídos sordos a las peticiones del Partido Popular, Vox y Ciudadanos, que solicitaban a Batet la suspensión del Pleno hasta que el Tribunal Constitucional resolviera los recursos.
El resultado de la votación es la demostración palpable de que al Gobierno de Pedro Sánchez ya no se le puede hacer frente en un Congreso de los Diputados entregado en buena parte a su causa, toda vez que los grupos independentistas y nacionalistas ven en Sánchez una oportunidad para alcanzar sus metas, que no son otras que debilitar las instituciones, convocar un referéndum de independencia en Cataluña y modificar el modelo de Estado y de convivencia que nos hemos dado todos los españoles.
El resultado de la votación es la demostración palpable de que una moción de censura, como proponen Vox y Ciudadanos, no es el camino para reconducir la deriva que está sufriendo nuestro país. La moción de censura, abocada necesariamente al fracaso, sólo serviría para legitimar la estrategia política del presidente Sánchez y de sus socios. Puede que Ciudadanos y Vox necesiten una moción de censura para olvidar sus guerras internas y encontrar un espacio para visibilizar a sus respectivos líderes, pero lo que España necesita ahora es poder votar y, además, hacerlo cuanto antes para reconducir los despropósitos jurídicos y políticos que estamos viviendo.
Pedro Sánchez y el partido socialista se presentaron a las elecciones prometiendo a los electores que harían justo lo contrario de lo que realmente están haciendo para dar satisfacción a sus socios parlamentarios. La legitimidad del Gobierno y de su presidente ha quedado, por eso, gravemente erosionada y sólo es posible volver a alcanzarla sometiendo sus políticas reales al refrendo de todos los españoles a través de unas elecciones generales.
Sólo las urnas y un centro-derecha unido en torno al Partido Popular pueden frenar ya el ataque permanente a las instituciones que se está produciendo desde dentro de ellas y poner fin al sometimiento del Gobierno a los chantajes de los que quieren romper España. Sólo las urnas y la alternativa que representa el Partido Popular permitirán defender la arquitectura jurídico-política que comenzó a construirse en la transición y que nos ha dado los años de mayor prosperidad de la historia reciente de nuestro país.
Miguel Ángel García Martín
Viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid y Secretario de Programas del PP de Madrid
Twitter: @MA_GarciaMartin
