Un dogma es un principio no contrastado que debe ser creído y no cuestionado, aunque no existan ni evidencias ni pruebas de su bondad.
Durante muchos siglos hemos asistido a la formulación de dogmas, especialmente en el terreno religioso. Desafortunadamente, en España, los dogmas han vuelto a impregnar la política de mano de los partidos de izquierdas.
Uno de ellos es: “La intervención estatal del mercado de la vivienda y la limitación de los precios de los alquileres”, la fórmula mágica de la izquierda para resolver el problema del precio de la vivienda en España.
Sin embargo, España no es el primer país -ni mucho menos- en apostar por un modelo intervencionista como el que propone el Proyecto de Ley de Vivienda que está tramitando el Gobierno central. Y la realidad es que en todos aquellos países en los que esta medida se ha implantado, el resultado ha sido un estrepitoso fracaso.
Por otro lado, el Ejecutivo de Sánchez ha estimado que harían falta 1,7 millones de viviendas con algún tipo de protección para poder equipararnos con la media europea y afrontar el problema de la vivienda. Por el contrario, el Gobierno de la nación, lejos de construir vivienda pública o incentivarla, lo único que persigue es atacar la propiedad privada poniendo en riesgo los ahorros de aquellas familias que libremente deciden invertirlos en una vivienda como medio para complementar sus pensiones.
En el lado opuesto, como siempre, está la Comunidad de Madrid: somos la región que más viviendas protegidas genera, casi 60 por ciento de las de toda España en 2020, lo que se traduce en que 1 de cada 6 viviendas protegidas de nuestro país esté en Madrid. Es evidente que necesitamos más y por eso apostamos por la construcción de vivienda pública, por generar oferta para reducir los precios, con medidas como el Plan Vive.
Se trata de un proyecto ejemplar que, mediante la concesión de suelos públicos por cincuenta años a cambio de la construcción y gestión de viviendas en alquiler asequible, ya tiene en marcha las primeras 6.500 viviendas al mismo tiempo que se prepara la segunda parte con cinco parcelas más, (tres en Colmenar Viejo, una en Boadilla del Monte y otra en Pinto). Todo ello sumará un total de 1.137 viviendas más en régimen de alquiler asequible.
Asimismo, en materia de vivienda acaban de anunciarse en Madrid nuevas rebajas en el IRPF para facilitar el acceso a la misma, sobre todo a los jóvenes, ya sea por la compra de una vivienda por un nacimiento o adopción, por el pago de intereses de préstamos hipotecarios o por los gastos de alquiler hasta 1.200 euros (un 20 por ciento más que en la actualidad).
En definitiva, la política de Vivienda del Partido Popular se basa en poner suelo público en el mercado y reducir los impuestos. Y se fundamenta en medidas incentivadoras (que son las que funcionan) y no intervencionistas, porque el problema de la vivienda no es de demanda, como se empeña la izquierda en imponer, sino de oferta.
Y no hay otra manera de movilizar la oferta que ofreciendo certidumbre, seguridad jurídica, garantizando el respeto más absoluto al derecho a la propiedad privada, reduciendo impuestos e implicando al sector fomentando la colaboración público-privada.
Así lo hacemos en Madrid… y así lo haremos en el Gobierno de la nación cuando más pronto que tarde Alberto Núñez Feijóo llegue a La Moncloa y acabe con la política intervencionista, dogmática y sectaria típica del sanchismo.
Paloma Tejero Toledo
Portavoz de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura.
Grupo Parlamentario Popular. Asamblea de Madrid
