La Comunidad de Madrid no ceja en su empeño de controlar al máximo el juego en la región y, con la aprobación por parte del Consejo de Gobierno del Decreto de planificación de determinados establecimientos de juego (salones y casas de apuestas), se restringe aún más la actividad de este sector.
La normativa, que entrará en vigor a lo largo de este mes, tiene como objetivo proteger a los colectivos más vulnerables, como son la infancia, adolescencia, juventud y aquellas otras personas que tienen problemas con el juego. Para ello, establecerá medidas como la prohibición de abrir un salón o local de apuestas a menos de 100 metros de un centro educativo o la obligatoriedad a reforzar en estos los controles de admisión, debiendo garantizar que los menores de edad no puedan entrar contratando personal específico para este propósito.
También se prohibirá en estos establecimientos a sus titulares dar a sus clientes, créditos, préstamos, dinero en efectivo o cualquier otra modalidad de asistencia financiera.
Más dificultades para abrir un nuevo negocio
En la Comunidad de Madrid existen actualmente cerca de 700 locales de juego autorizados para su funcionamiento, de los que 32 son bingos y 4 casinos donde hay espacios habilitados para realizar apuestas. La mayoría de estos negocios del sector se ubican en la ciudad de Madrid.
Un número que ya es elevado para el Ejecutivo autonómico, teniendo en cuenta que el Decreto fija una distancia mínima de 300 metros entre este tipo de negocios para tener acceso a nuevas autorizaciones, las cuales no podrán incrementarse en más de un 1% respecto a las ya existentes a fecha 31 de diciembre del año anterior. Además, no se podrá conceder más de una por localidad, salvo en la ciudad de Madrid, donde podrán ser dos como máximo.
En paralelo a esta normativa, el Consejo de Gobierno incluyó recientemente en la conocida como Ley Ómnibus (ya en trámite) la reforma de la Ley del Juego, que modificará el régimen sancionador para compatibilizar la protección a los más vulnerables con una actividad económica legal. Además, los locales de juego y de apuestas madrileños son los que tienen los horarios más restrictivos de España y, desde finales de 2019, el Ejecutivo autonómico tiene suspendidas las aperturas de nuevos establecimientos.
Asimismo, el Gobierno regional aprobó, paralelamente, destinar el 0,7% de la recaudación impositiva procedente del juego para políticas de prevención y tratamiento de ludopatías, lo que supone una recaudación anual de alrededor de 1,2 millones de euros anuales.
