Tras las informaciones publicadas este jueves por El Mundo y El Confidencial, en las que se señalaba un supuesto espionaje al hermano de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, desde una empresa del Ayuntamiento de Madrid, la «tormenta» política se ha desatado en todos los frentes.
La primera «víctima» ha sido el Coordinador General de la Alcaldía de Madrid, Ángel Carromero, que dimitió en la tarde del jueves»con efecto inmediato». «Tras la nueva información aparecida esta tarde en El Confidencial, y tras mantener una conversación con el alcalde de Madrid, José Luis Martinez Almeida, el Coordinador ha renunciado a su cargo. Carromero había sido señalado como una de las figuras principales del supuesto espionaje dirigido por la dirección nacional del PP contra Ayuso.
Según El Mundo, Álvaro González habría coordinado el interrogatorio y careo del trabajador de la EMVS que habría contactado, a petición de Génova y con Carromero mediante, con el Grupo de Investigación Mira para indagar en el historial bancario del hermano de Ayuso, una práctica ilegal. José Luis Martínez-Almeida, que habría sido advertido por el ex alcalde Alberto Ruíz Gallardón, se comprometió «hacer todas las averiguaciones». Todos, sin embargo, negaron las acusaciones y ahí concluyó la inspección. Un procedimiento cuestionado por la oposición… y por su socio de Gobierno, Ciudadanos.
De hecho, la vicealcaldesa, Begoña Villacís, adelantó que su Grupo Municipal no da por cerrada la investigación y apunta que indagarán «hasta las últimas consecuencias» porque se ha dejado a su partido «al margen».
«Nunca imaginé que la dirección de mi partido iba a actuar de una forma tan cruel»
Pero la verdadera bomba estallaba con la comparecencia ante los medios a las 13:30 de Isabel Díaz Ayuso. No fue una intervención larga, pero sí muy dura. Comenzó diciendo que nunca imaginó «que la dirección de mi partido iba a actuar de una forma tan cruel», subrayando además que lo han hecho «sin pruebas» y «metiendo por medio a la familia, que es lo más importante que tenemos». La presidenta considera además que la dirección nacional del PP actúa así contra ella porque quiere liderar el PP de Madrid y que para impedirlo ya le habían avisado de «querían vincularme con algún caso de corrupción».
La presidenta exigió depuración de responsabilidades «en el partido nacional y en la dirección regional», subrayando que «no encontrarán corrupción en mis actuaciones por mucho que me investiguen», y haciendo hincapié en que podrá «cometer errores pero no ilegalidades». Como colofón, aseguró que le gustaría saber «cuántos votos han conseguido aquellos que me quieren destruir«.
Ante estas declaraciones, el Secretario General del PP, Teodoro García Egea, negó tajantemente que el partido hubiera contratado alguna agencia externa de investigación o elaborado algún dossier contra la presidenta madrileña y que van a abrir un expediente informativo «para culminar las averiguaciones que se han venido llevando a cabo. Con las conclusiones, nos reservamos las medidas oportunas». Egea no quiso avanzar nada sobre una posible expulsión de Ayuso, remitiéndose a las conclusiones del informe, aunque tampoco la descartó.
Egea calificó de «mentiras, infundios y calumnias» las acusaciones de Ayuso, dejando caer que todo este asunto está relacionado con las diferencias por la fecha del congreso del PP madrileño.
Ayuso, informada desde diciembre
Alfonso Serrano, portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea, aseguró en la Asamblea que le «consta la veracidad de las informaciones» y que entiende «la gravedad de las mismas». También defendió la «honestidad de Díaz Ayuso y de la Comunidad de Madrid» y negó que exista ningún motivo para investigarla.
Siempre según la versión de estos medios, la presidenta madrileña estaría desde diciembre al corriente de este tema. Los detectives buscarían, en concreto, un extracto de cuenta bancaria del hermano de Ayuso y la declaración de proveedores de la empresa Priviet Sportive SL a la que la Comunidad había otorgado en plena pandemia un contrato de 1’5 millones para la compra de mascarillas.
Como consecuencia de ello, el Ayuntamiento de la capital habría abierto una investigación interna, cuyo resultado sería que no se produjo este encargo. Desde El Confidencial se señala que han sido altos cargos del PP nacional quienes habrían contactado con los detectives privados para encargar la investigación a Ayuso.
Reacciones en la oposición
Como no podía ser de otra manera, las reacciones en la oposición se han venido sucediendo una vez se ha hecho pública la noticia. La portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Carolina Alonso, ha exigido al PP que deje de usar la región como «campo de batalla» interno y que deje de parecer que gobierna una «mafia siciliana». Más duro ha sido el portavoz del PSOE en la Asamblea, Juan Lobato, quien ha confirmado que solicitarán a la Fiscalía que se encargue de estudiar las informaciones del supuesto espionaje.
Desde Más Madrid, la portavoz regional Mónica García ha confirmado que pedirá la comparecencia de la presidenta en la Asamblea para que explique el supuesto caso de espionaje y que reactivará la solicitud para que Tomás Díaz, hermano de Ayuso, de explicaciones sobre el posible cobro de comisiones a cambio de contratos públicos.
Ambos grupos parlamentarios, junto a Unidas Podemos, ya han registrado una comisión de investigación para analizar las posibles irregularidades en los contratos celebrados mediante la tramitación de emergencia y relacionados con el Covid-19 en la Comunidad de Madrid.
También ha habido reacciones en clave nacional, como la de la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, quien ha asegurado que con este hecho «pierde la democracia», además de reclamar al PP una «respuesta ejemplarizante» para colaborar en la «estabilidad» del país.
Imagen portada: Comunidad de Madrid
