Ya no hay vuelta atrás. Ésta es la única constante en un futuro lleno de variables en la nueva y dificilísima ecuación que deben resolver en el Partido Popular. Porque lo que está claro es que la foto de las pasadas elecciones autonómicas, con Alberto Casado, Isabel Díaz Ayuso, Teodoro García Egea y José Luis Martínez-Almeida no se va a volver a repetir. Caerán uno, otro o… ¿todos?.

Ésta es sin duda la opción más remota pero, como cualquier otra, plausible. Y nadie, ni siquiera los mismos protagonistas, saben cuál será el siguiente episodio de esta «telenovela» política. En sus declaraciones de ayer, Egea no cerró en ningún momento la puerta a una expulsión del partido de la presidenta madrileña. De hecho, varias fuentes dan por hecho que así sucederá en caso de que no sea posible demostrar que Tomás Díaz Ayuso no fue beneficiado en el contrato que ha abierto la Caja de Pandora.

Pero, en esta batalla, todos los rivales están bien armados e Isabel Díaz Ayuso cuenta con un apoyo masivo popular (en la noche del jueves hubo manifestaciones en Génova coreando el nombre de la líder regional) y de voces con mucho peso dentro de los populares. Se juntan, por tanto, estos últimos con los que apoyan a Casado y piden la cabeza de Ayuso y, como nueva opción, los que piden la marcha del Secretario General para apaciguar las aguas y llegar con vida a las elecciones generales de 2023.

Casado, sin embargo, sigue teniendo clara la dirección a la que apuntar y en una entrevista en COPE ha pedido a la presidenta madrileña que aclare qué comisión recibió su hermano, sugiriendo que pudo beneficiarse de «tráfico de influencias». Casado ha asegurado en este sentido que «más allá de ser legal o ilegal, algo que deberá decir la Justicia» y que se encuentra «muy sorprendido y muy decepcionado, pero con la conciencia muy tranquila». El presidente del PP dice ser «muy consciente del daño que esto hace a la imagen del partido. Lo que ocurrió ayer es algo que no merezco personalmente«.

En la misma emisora, Ayuso, quien ha cancelado su agenda pública, respondió en defensa de su familiar subrayando que no sabe «qué comisión es» ni tampoco «dónde sacan la cifra». La dirigente ha indicado que no le ha preguntado por la cantidad e insiste en que, sea cual sea, no es ilegal que cobre comisiones. «Lo ilegal sería que alguien del Gobierno interviniese. Pero yo no intervine».

Los barones principales, incómodos con la situación

Los «pesos pesados» del PP han decidido ponerse a un lado y, al menos públicamente, no posicionarse. Lo único que han hecho ha sido lamentar que se haya llegado a esta situación, por ambos lados. Es el caso, por ejemplo, del presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, quien quiso subrayar su absoluto rechazo a la contratación de un investigador privado para investigar a un compañero, calificando de «inaudito e imperdonable perder el tiempo en esto». En su opinión, en caso de haberse producido se deberían «asumir responsabilidades».

En la mañana del viernes, Feijóo ha abundado en su posición comentando lo siguiente: «Hay cuestiones indelegables. Casado tiene que tomar una decisión. Y ha de hacerlo pensando en lo mejor para el PP y para España. Para ser una alternativa real a un Gobierno social populista. Para que el independentismo no siga tomando decisiones estratégicas sobre el futuro de España.  Y cuando tenga las respuestas a estas preguntas actuar. Si el presidente me pide opinión, se la daré. No estamos en este momento como para seguir en el diván preguntándonos qué somos, hacia donde queremos seguir. Tenemos un conflicto muy intenso. El manejo de ese conflicto ha sido desacertado. Alguien tiene que actuar, y el único que puede hacerlo es el presidente del partido».

El presidente andaluz, Juanma Moreno, y el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tampoco han querido dar pasos determinantes. «No me interesa nada que no sea Andalucía, ni me interesa ningún ruido», fue la frase utilizada por el primero para dar carpetazo por su parta a la guerra intestina en los populares, mientras que Mañueco aseguró que tiene «suficiente con lo que tengo», en clara alusión a sus negociaciones para formar gobierno en la región castellano y leonesa y que «espera que se aclare cuanto antes» para concluir con un «no tengo nada más que decir». Este viernes ya ha dicho que su interés es que el conflicto se resuelva cuanto antes, además de expresar su «indignación y preocupación».

Fernando López Miras, presidente de Murcia, sí se ha colocado del lado de Casado: «Me remito también a las palabras y a las declaraciones del presidente del PP. Creo que para la Región de Murcia es un orgullo que Teodoro García Egea sea el secretario general del partido político más importante de España, y el único que puede sacar al sanchismo de La Moncloa y del Gobierno de todos los españoles. Soy consciente de que el trabajo de un secretario general es muy ingrato, y por casi nadie reconocido, pero sé que las actuaciones de Egea siempre las hace, siempre están guiadas por lo mejor para el PP. Y de ahí, como decía anteriormente, mi respaldo a la dirección nacional del PP». 

#YOCONAYUSO

El mayor caladero de votos de Ayuso es, obviamente, la Comunidad de Madrid. Los consejeros de Economía, Hacienda y Empleo regionales, Javier Fernández-Lasquetty; Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno regional, Enrique Ossorio, y Cultura y Turismo, Marta Rivera de la Cruz, ya se han ubicado claramente al lado de la presidenta con mensajes en las redes sociales y junto al hashtag #YoConAyuso.

Lasquetty ha puesto como ‘foto de portada’ de su perfil de Facebook una imagen de la presidenta con este hashtag, y Ossorio ha asegurado en Twitter que «la envidia les ha llevado a cometer la mayor indignidad» y ha asegurado que la familia del PP «es noble y tiene principios» por lo que «no puede aceptar lo sucedido», con una foto de ambos junto al hashtag #YoConAyuso.

La presidenta y el Gobierno regional defienden la validez del contrato

Para amparar la legalidad del contrato, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha enviado un comunicado donde da explicaciones del mismo. «Siempre me he negado a dar explicaciones sobre la actividad laboral de mi hermano porque nunca he interferido en ella. Quizá haya sido un error. Pero me parece denigrante tener que aclarar las relaciones comerciales de mi hermano con una empresa por sospechas basadas en informaciones que nadie explica de dónde han salido», comienza.

«Como la honorabilidad del Gobierno de la Comunidad de Madrid y mía personal está puesta en tela de juicio por la Dirección Nacional de mi partido, me veo obligada a informar de lo siguiente». A continuación expone todos los datos del documento, especificando que «Tomás Díaz Ayuso envió a la empresa Priviet Sportive 4 facturas en el año 2020. La factura de 30 de junio de 2020 fue por gestiones para la compra de mascarillas en China, vendidas a la Comunidad de Madrid a 5€ cuando los precios en ese momento llegaban a 10,5€».

Por tanto, en el comunicado se refleja que Tomás Díaz Ayuso cobró 55.850 euros, más IVA, por conseguir las mascarillas en China y trasladarlas a Madrid. Dejando claro, eso sí, que no intermedió entre la empresa y la Administración para cerrar el contrato, y que, por lo tanto, no recibió ninguna comisión.

En una rueda de prensa extraordinaria del consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero y el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, Javier Fernández-Lasquetty, este segundo ha asegurado que «el contrato se hizo de acuerdo a la ley de contratos del sector público. Ha pasado todos los controles previos y posteriores, internos de la Comunidad de Madrid y externos». A continuación ha añadido que «Pablo Casado ha expresado algunas dudas sobre lo que debía haber hecho o no la presidenta de Madrid, no es cierto. Quien contrata no es el Consejo de Gobierno, sino el consejero de Sanidad, que es lo que dice la ley. Por tanto, en contra de lo dicho esta mañana el presidente del PP, no hay por parte de la presidenta ni por parte de la Comunidades, incompatibilidad de ninguna clase».

En este sentido, desde el Gobierno regional aseguran que la auditoría de la Cámara de Cuentas recoge que no hay «ni tacha ni reparo de ninguna clase» sobre el contrato con Priviet Sportive y que «ha pasado desde el 11 de noviembre hasta el día de hoy y ni uno solo de los grupos ha expresado ninguna preocupación de ninguna cuestión en relación con este contrato ni con ninguno».

El futuro

Hay escenarios impredecibles, y luego está este. La tormenta acaba de desatarse, se presenta larga y ahora está dando los primeros embates. En Génova insisten en que Ayuso ha actuado de manera irregular y que la obligarán a dimitir, mientras que en Sol consideran que sucederá exactamente lo contrario. Veremos