Primer «enemigo» para la Ley de Vivienda anunciada este martes por el Gobierno central. La Comunidad de Madrid ya ha confirmado que no la acatará y que defenderá a los propietarios de vivienda frente a lo que consideran «sectarismo ideológico» e «intervencionismo».
Así lo ha subrayado la consejera de Medio Ambiente y Vivienda, Paloma Martín, quien considera que con esta ley, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace suyas las propuestas «más radicales» de sus socios de gobierno.
«No puede cercenar parcelas de libertad a los ciudadanos. El sectarismo ideológico no puede poner en riesgo los ahorros de toda una vida de una familia invertidos en un piso», señaló Martín.
Los alquileres, el punto de la discordia
La Ley de Vivienda regulará los alquileres limitando los precios a los grandes tenedores, además de bajar por ley los alquileres en base al índice de referencia para todos los contratos en las zonas de mercado tensionado y la retirada de privilegios fiscales.
En este sentido, el Ejecutivo regional subraya que el 90% de las viviendas en el mercado son de pequeños propietarios, «que en muchos casos tienen el precio del alquiler como complemento a su renta o incluso como fuente de ingresos principal».
Medidas que, según la consejera, son «intervencionistas» y «no pueden tener cabida en una democracia liberal y avanzada» como la española. Por ello, ya ha avisado de que estarán «atentos al texto» y que, si finalmente su aplicación dependiera de las comunidades, Madrid buscaría cómo «blindarse» frente a políticas «intervencionistas para proteger a los propietarios».
«El modelo de la Comunidad de Madrid es justo el contrario: dar certezas y seguridad jurídica a los propietarios, poner suelo en el mercado, ampliar la oferta de vivienda pública y ayudar a los jóvenes».
En su comparecencia tras el Consejo de Gobierno, Martín ha advertido que “esta ley en vez de ofrecer seguridad jurídica conlleva una fuga de inversores, dificultará aún más el acceso a la vivienda y conllevará una menor creación de empleos en el sector”.
La consejera también ha recordado que, en la la Comunidad de Madrid, este sector supone el 14% del PIB y del empleo, siendo el de la construcción el que más influye en el resto de los agentes económicos.
En una nota remitida a al prensa, el Ejecutivo regional señala que «si se extrapolan los efectos de la norma en comunidades autónomas en las que se está aplicando ya la limitación de los precios del alquiler, el resultado es que dejarán de iniciarse 2.370 viviendas al año de obra nueva destinada al alquiler libre, con una reducción de la inversión de 730 millones de euros, lo que afectaría al empleo de prácticamente 5.700 personas».
Ningún alcalde popular en Madrid acatará la Ley
Una negativa que viene desde el ámbito regional… y municipal. El vicesecretario de Territorial del Partido Popular de Madrid, David Pérez, ha anunciado que ningún alcalde del PP de Madrid aplicará las medidas contempladas en la Ley de Vivienda, asegurando que son absolutamente contraproducentes”.
Pérez incide en la línea del Gobierno de la Comunidad de Madrid, considerando la Ley vulnera los derechos fundamentales de los españoles e invaden las competencias municipales y autonómicas. “Por esa razón ni un solo alcalde de los 81 que gobiernan en los municipios de la región subirá el IBI a sus vecinos”, ha aseverado.
En un comunicado, David Pérez ha marcado como modelo a seguir el «Plan Vive» que, según su opinión, consigue «dar certezas y seguridad jurídica a los propietarios, poner suelo en el mercado, ampliar la oferta de vivienda pública y ayudar a los jóvenes».
En este sentido, recordó que a través de dicho plan la Comunidad de Madrid pondrá en alquiler 25.000 viviendas a precio reducido y subrayó que “hay que apostar por aumentar la oferta de vivienda y no por aplicar medidas intervencionistas y sectarias que lo que consiguen es acabar con el mercado de alquiler, tal y como ha ocurrido en los países en lo que se ha aplicado esta medida, como son Francia o Alemania”.
Imagen portada: EFE
