Antonio González Terol, vicesecretario nacional de política territorial del Partido Popular y presidente del Partido Popular de Boadilla, en la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados, ha interpelado este martes a la Secretaria de Financiación Autonómica y Local, Inés Olóndriz de Moragas.
Su intervención ha comenzado recordando la noticia de que el Tribunal Constitucional ha anulado este martes el impuesto de plusvalía municipal cobrado por los ayuntamientos, lo que ha hecho temblar a todos consistorios de este país, dado que este gravamen supone en la actualidad una fuente importante de financiación de los consistorios.
De hecho, en su intervención, Terol ha recordado que “este impuesto supone unos ingresos de 36 millones de euros para el Ayuntamiento de Zaragoza o casi 13 millones de euros para el de Santander”.
Siendo esto así, el vicesecretario de política territorial se ha preguntado: “¿qué ha hecho este Gobierno en estos 3 últimos años” para garantizar la sostenibilidad de las economías de los Ayuntamientos y que estos puedan garantizar los servicios básicos que ahora suministran a sus vecinos?”. Quien fuera ex alcalde de Boadilla del Monte se ha respondido a sí mismo: “nada”. Y eso, ha recordado, a pesar de que el Partido Popular “dejó hace dos años una reforma que estaba en trámite de alegaciones”.
“Es imposible que los ayuntamientos aprueben en tiempo y forma sus presupuestos”
Ahora, las consecuencias, son que el Gobierno “ha destruido los presupuestos municipales de los más de 8.000 Ayuntamientos de España y es imposible que aprueben en tiempo y forma sus presupuestos” por la falta de previsión del Gobierno. El mismo Gobierno que “quiso incautar los ahorros de los Ayuntamientos o que no ha dado todavía no ha dado ni una ayuda directa a los Consistorios por la falta de ingresos derivada de la pandemia producida por el COVID-19”.
Tras esto, Terol ha anunciado que el Grupo Parlamentario Popular va a pedir inmediatamente la celebración de la Comisión Nacional de Administración local y la celebración de una Junta extraordinaria de la Federación Española de Municipios y Provincias además de la comparecencia de la señora ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, para que “rinda cuentas sobre lo que ha hecho el Ejecutivo de Sánchez” para dar soluciones a los Ayuntamientos que, tras la pandemia y Filomena, ahora se enfrentan a la incertidumbre de su financiación tras eliminarse por parte del Constitucional un ingreso que garantiza no solo las nóminas de los funcionarios de las Administraciones Locales sino también los servicios más demandados por los ciudadanos.
