Grandes tenedores, criterios de vulnerabilidad, alternativa habitacional son conceptos que desde la aparición de Podemos resuenan en la opinión pública; conceptos que, difundidos por ellos, habitualmente de manera engañosa, enmascaran la obsesión de este partido con la vivienda y su ya contrastado desprecio por la propiedad privada.
Desde su creación, Podemos viene proponiendo una lista infinita de medidas encaminadas a aumentar la regulación del mercado inmobiliario. Algunas ya las han llevado a cabo, y siempre bajo la misma excusa torticera: proteger a losdesamparados inquilinos de los malvados dueños de los inmuebles.
La última amenaza de Podemos a los propietarios acaba de salir por fin a la luz, después de 10 meses de negociaciones con Sánchez, y de llevarse por delante a un ministro, el Sr. Ábalos, que resultó ser un estorbo.
Casi diez meses después, el Gobierno PSOE-Podemos ha alcanzado un acuerdo sobre su proyecto de Ley de Vivienda, en el que a los pequeños propietarios se le congelarán por ley los precios del alquiler, y a los dueños de casas vacías se les aplicará un castigo de hasta el 150 % en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) que podrán aplicar los ayuntamientos.
Un ataque sin precedentes al derecho a la propiedad; una medida abusiva, intervencionista y de inspiración chavista que, bajo la excusa de sacar más viviendas al mercado del alquiler, lo único que pretende es renovar el contrato de alquiler de Pedro Sánchez en la Moncloa, o lo que es lo mismo, la venta de los derechos de los ciudadanos para permanecer unos meses más en el poder.
Siendo como son, de sobra conocidas las consecuencias nefastas de esta regulación, como nos recuerdan expertos de toda índole, incluido el propio Banco de España, o teniendo próximo lo sucedido en Cataluña un año después, ¿por qué motivo el gobierno insiste en seguir adelante con esta política intervencionista?
La respuesta empieza a ser cada vez más evidente: dar un paso más hacia un calculado empobrecimiento de la población, siendo el principal objetivo de este Gobierno acabar con las clases medias, que destinan el ahorro familiar a una vivienda.
Y es que es este, y no otro, el verdadero efecto de tal medida: el 90 % de las viviendas del mercado son de pequeños propietarios, pequeños ahorradores, que verán cómo este Gobierno, con sus decisiones, se lleva al traste el esfuerzo de toda una vida ya que, para todos ellos, el alquiler supone un complemento a sus ingresos o su pensión.
Este es un paso más en la calculada hoja de ruta hacia el totalitarismo ideológico que se ha apoderado de un presidente, que cada vez ve más cerca el final del mandato y que se agarra al sillón con auténtica desesperación.
No obstante, y frente al sectarismo ideológico y al populismo peligroso, la Comunidad de Madrid, ha alzado nuevamente la voz. Madrid es y está al servicio de España, y por encima de todo va a denunciar y a paralizar todo ataque directo a la libertad de los madrileños. Esta y no otra, será nuestra forma de devolverles a los ciudadanos la confianza que tan generosamente depositaron en nosotros en las últimas elecciones.
El modelo de la Comunidad de Madrid es el único que funciona, porque respeta al individuo y su libertad por encima de todo; porque genera riqueza, certeza y seguridad jurídica; porque tiene menos impuestos, mejores servicios públicos, y porque para bajar el precio de los alquileres, Madrid apuesta por construir vivienda pública asequible y por poner suelo en el mercado. Y junto a ello, un decidido compromiso por acabar con la injusta e ilegal ocupación. Eso es apostar por las verdaderas medidas que sí ayudan a los jóvenes, no mediante subvenciones y paguitas que no llegan a nadie, sino con formación y empleo que les permita sacar adelante sus vidas libremente y sin imposiciones.
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Foto: © Foto: Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
