Unos «defectos formales» en la tramitación han sido los causante de un tsunami de consecuencias imprevisibles para la movilidad en la capital. El Tribunal Supremo ha ratificado la anulación de Madrid Central, dibujando un escenario con muchas preguntas pero, de momento, inciertas respuestas.
La primera cuestión es ineludible. ¿Qué pasará con las casi 1,4 millones de sanciones interpuestas desde su puesta en marcha?
Según fuentes del Supremo, al haberse desestimado el recurso interpuesto por Ecologistas en Acción Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 27 de julio de 2020, que estimó parcialmente el recurso del PP, la sentencia dictada por el TSJM adquiere firmeza, por lo que todas las multas impuestas decaerán al carecer de sustento normativo.
Aun así, parece que tocará pagar. Desde el Ayuntamiento entienden que, por ahora, la zona de bajas emisiones sigue en vigor y que no tendrá que devolver el importe de las multas, puesto que aquellas ya cobradas o en su defecto comunicadas al sancionado -un total de 1.393.000- son «actos firmes«, y que por tanto no deben reintegrarse.
Asimismo, desde el consistorio sostiene que, una vez reciban el auto del Supremo, el TSJM puede darle un plazo de hasta dos meses para ejecutar la sentencia, por lo que cuenta con ese margen para elaborar una respuesta.
Por ello, mientras no se haga efectiva la anulación de Madrid Central, sus cámaras seguirán encendidas y se seguirán tramitando las sanciones, por lo que deberán cobrarse todas las multas que sean comunicadas.
Pese a la previsible avalancha de reclamaciones, desde el Ayuntamiento confían en no tener que reintegrar el importe de ninguna sanción, apelando a la «muchísima jurisprudencia» existente al respecto.
El ‘plan A’ del Gobierno de Almeida pasa por acelerar la tramitación de su nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, uno de los puntos clave del programa del alcalde para el presente mandato.
De este modo se esquivaría el vacío legal que se producirá si el Ayuntamiento se ve obligado a suprimir Madrid Central antes de que se haya aprobado la nueva norma, en cuyo caso se estudiará la manera de limitar el acceso a la zona provisionalmente, aunque no sea de una manera «masiva», sino mediante el cierre al tráfico de calles puntuales.
En cualquier caso, el Ayuntamiento advierte de que sus servicios jurídicos continúan analizando el auto del Supremo, por lo que este criterio podría ser matizado en los próximos días, especialmente si se da el caso de que el TSJM pida ejecutar su sentencia en un plazo inferior al máximo legal.
El objetivo del Ejecutivo municipal es tener la nueva ordenanza lista para que pase por Junta de Gobierno a finales de julio y elevarla al pleno de ese mes para su aprobación, o en su defecto convocar a principios de agosto un pleno extraordinario a tal efecto.
Aunque quedan muchas dudas por resolver, lo que está claro es que la decisión del Supremo acerca el fin de Madrid Central, una medida nacida no sin polémica y que desde el primer momento estuvo sometida a distintos vaivenes judiciales y políticos.
«Guerra» en el Ayuntamiento
Tras la decisión del Supremo, Almeida ha afirmado que el anterior Gobierno de la capital debería “pedir disculpas a los madrileños” después de que su proyecto de Madrid Central, “el más importante” que impulsaron, haya sido suspendido por el Supremo porque «no se ha consultado con los ciudadanos» y alberga defectos formales «groseros».
“Se tienen que culpar a sí mismos por haber fracasado en el principal proyecto que tenían, y por haberlo hecho despreciando la opinión de los madrileños”, ha apostillado el primer edil.
En este sentido, Almeida ha pedido la colaboración de la oposición para intentar «llegar a un acuerdo» sobre la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que sustituirá a Madrid Central, y así poder aprobarla «lo antes posible».
En la misma línea, la vicealcaldesa, Begoña Villacís (Cs), ha dicho que la zona de bajas emisiones se ejecutó de una manera «muy chapucera» y de una forma «muy apresurada», y que por ello el actual Gobierno municipal trabajó en el «plan alternativo» Madrid 360 y en una nueva ordenanza de movilidad que «está a punto de ver la luz».
Por el contrario, desde Más Madrid y PSOE han coincidido en culpabilizar a Martínez-Almeida de la situación, y en calificar como «varapalo» o «terrible noticia» para la salud de los madrileños que el Tribunal Supremo haya desestimado el recurso de casación.
La portavoz municipal de Más Madrid, Rita Maestre, ha afirmado que su grupo hará «todo lo posible» para revertir la situación tras el auto, y ha terciado que Almeida «ha conseguido finalmente su objetivo».
La que fuera portavoz del Gobierno de Manuela Carmena ha defendido la zona de bajas emisiones como «tremendamente eficaz», y ha cuestionado que «mientras el resto del mundo avanza» en materia de medioambiente, Madrid «va para atrás» con un Gobierno que «se ha demostrado profundamente antiguo en una concepción de la ciudad más de los años 80 que del siglo XXI».
En términos similares se ha pronunciado el concejal del PSOE Ignacio Benito, quien ha censurado que Almeida «y su inconsciencia han acabo con Madrid Central y es imprescindible una alternativa».
También la coportavoz de Verdes Equo y artífice de Madrid Central cuando era delegada de Medio Ambiente en el Consistorio, Inés Sabanés, ha censurado que en el PP «no han parado hasta conseguir derogar una medida que en su primer año logró reducir un 20 por ciento la contaminación por N02 sin generar efecto frontera».
En la oposición municipal tan solo Vox ha respaldado el pronunciamiento del TS, que para los de Javier Ortega Smith viene a «refrendar» su posición contraria al «despropósito» de Madrid Central.
El ocaso del proyecto estrella de Manuela Carmena
El Tribunal Supremo ha dado así la puntilla al que fuera proyecto estrella de la exalcaldesa Manuela Carmena, que acaba tumbado por la vía judicial tras un procedimiento de dos años y medio abierto a partir de sendos recursos de la Comunidad de Madrid y el grupo del PP en el Ayuntamiento, encabezado entonces por el ahora alcalde, José Luis Martínez-Almeida.
El TSJM anuló parte de la ordenanza de Madrid Central por «defectos formales» dado que «no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza».
De hecho el PP y la Comunidad de Madrid pidieron a la Justicia, sin éxito, paralizar cautelarmente Madrid Central cuando entró en vigor. Más tarde, cuando el PP llegó a la Alcaldía, decretó una moratoria en las multas, que fue tumbada por los tribunales.
