El total de los grupos de la Asamblea, a excepción de VOX, han aprobado este lunes en la Comisión de Políticas Sociales y Familia la primera proposición ciudadana de la historia del Parlamento madrileño, en la que se insta al Ejecutivo a impulsar la lucha contra el racismo y la xenofobia.
La iniciativa, presentadas por la Coordinadora del Tercer Sector de la Comunidad de Madrid y fruto de un acuerdo con más de ocho ONG, ha contado con el apoyo de PP, Ciudadanos, PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos, siendo VOX el único partido que ha votado en contra por considerar que es “un caso más de duplicidad entre el Estado y las comunidades autónomas” y un “chiringuito” para “contentar a las asociaciones de la izquierda”.
El cambio de Reglamento permite la proposición ciudadana
Las propuestas ciudadanas -que son posibles gracias al cambio de Reglamento- permiten que entidades o agrupaciones eleven el equivalente a una proposición no de ley ante los órganos legislativos, de igual forma que lo haría un grupo parlamentario.
En el texto, se plantea una modificación del decreto de creación del Observatorio de la Comunidad de Madrid contra el racismo y la xenofobia (1998), que “tiene en la actualidad una muy escasa actividad, y una nula actuación o impacto en la vida institucional de la Comunidad de Madrid”.
Se reclama su impulso, a través de grupos técnicos y expertos que lo complementen, manteniendo el carácter gratuito del cargo de miembro del citado órgano, así como la incorporación de representantes de las Consejerías de Justicia, Economía, Educación, Universidad y Presidencia.
En la iniciativa, se aboga por retomar unas políticas públicas coordinadas “con recursos suficientes” para combatir la discriminación en las calles y en las instituciones.
Denuncias de racismo en la Comunidad
El secretario técnico de la Coordinadora del Tercer Sector, Rafael Escudero, responsable de exponer la propuesta en la Cámara, ha denunciado los numerosos casos de racismo que suceden en la Comunidad, desde agresiones verbales en el transporte público a los casos que se dan a diario para conseguir alquilar una residencia en iguales condiciones que otra persona, según los estudios de entidades como Provivienda.
Escudero ha señalado que las áreas de Gobierno que actualmente se ocupan de combatir el racismo no cumplen con los indicadores de eficiencia que se les exige desde la Unión Europea y ha cuestionado el hecho de que casi un millón de personas extranjeras en la Comunidad de Madrid no dispongan de espacios propios que impulsen sus políticas.
«La Comunidad de Madrid, con más de seis millones de personas, no puede haber pasado de ser un referente en los años noventa de la integración, con hasta una Consejería encargada solo de las políticas migratorias, a no tener, en la actualidad, ni un funcionario que trabaje a favor de la integración», ha subrayado.
Escudero ha expresado su deseo de que este amplio acuerdo parlamentario sea el primero de muchos para recuperar la igualdad real de las personas migrantes en la región de Madrid.
