Alquilar en Madrid ya es «misión imposible» para muchas familias de la región. Los precios actuales son inasumibles para una parte no pequeña de la población, pero esta situación aún puede ser susceptible de empeorar en caso de que se decida aplicar el índice estatal de precios de alquiler para intervenir el mercado en la Comunidad de Madrid, propuesto por el Gobierno de la nación.
Según un estudio de la Agencia Negociadora del Alquiler (ANA), ello supondría subir las rentas una media del 33%, con incrementos que van desde 40 hasta más de 300 euros mensuales. En el mismo, se hace una proyección de cómo quedarían las rentas aplicando este índice en 29 viviendas que la agencia tiene arrendadas en la región madrileña y su principal conclusión es que dicha herramienta ya no es válida para limitar los precios, dada la caída que han experimentado por la pandemia de covid-19.
«Si ahora mismo el Gobierno quisiera intervenir las rentas de alquiler y tuviera que utilizar este índice, la mayoría de los alquileres subirían bastante de precio y los inquilinos tendrían que soportar subidas de entre 40 y 300 euros, un incremento de las rentas de un 33 por ciento de media», afirma el director ejecutivo de la ANA, Manuel Romillo.
El sistema estatal de índices de referencia de precios de alquiler fue presentado el 30 de junio de 2020 por el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, cuando la pandemia ya había irrumpido en España y empezaba a cambiar el mercado inmobiliario.
Nutrido por 11,2 millones de datos de arrendamientos correspondientes al cuatrienio 2015-2018, su objetivo -dijo entonces Ábalos- era servir como herramienta estadística (que se actualizaría anualmente) para que particulares y agentes pudieran operar en el mercado y de instrumento para las administraciones a la hora de tomar decisiones políticas.
Una de esas decisiones es permitir a ayuntamientos y comunidades limitar los precios máximos del alquiler en las llamadas zonas tensionadas tomando como referencia esos índices; una demanda de Unidas Podemos que el PSOE ha ido posponiendo por la pandemia y que forma parte de la actual negociación entre los socios de Gobierno de la Ley por el Derecho a la Vivienda.
Ejemplos aplicados a viviendas actuales
El estudio de ANA refleja que en 23 de las 29 viviendas seleccionadas -el 79 %- la renta media que recoge el índice estatal es superior al precio que actualmente pagan sus inquilinos (rentas de enero de 2021), mientras que en las seis restantes es inferior en 80, 10, 162, 7, 21 y 24 euros, respectivamente, es decir, desde un 1,2 % hasta un 18 % por debajo del precio de mercado.
Además, en todas las viviendas analizadas sus propietarios podrían subir la renta de alquiler tomando como referencia la horquilla de precios que establece el índice.
Destacan especialmente siete de ellas (24%), en las que el precio mínimo de la horquilla está incluso por encima del que pagan actualmente sus inquilinos, lo que da cuenta del desfase que hay entre lo que plantea el índice y los actuales precios de mercado, subrayan los autores del estudio.
Una de ellas es un chalet de 260 metros cuadrados en el municipio de Boadilla del Monte, alquilado en 1.450 euros, mientras que el índice plantea una renta media de 2.340 euros, una mínima de 1.898 euros y un precio máximo de 2.860.
Otro es un piso en Getafe de 105 metros cuadrados, alquilado en 575 euros, cuando el índice recoge una renta media de 966 euros, una mínima de 766 y una máxima de 1.512.
En Vallecas, en un piso de 70 metros cuadrados alquilado en 675 euros, el índice plantea una renta media de 1.015, una mínima de 707 y un precio máximo de 1.372 euros.
En el distrito de Arganzuela, en un piso de 75 metros alquilado en 690 euros, la renta media del índice es de 982 euros, la mínima es de 795 euros y la máxima a la que el propietario podría subirla es de 1.440 euros al mes, según el estudio de la Agencia Negociadora del Alquiler.
