La reaccionaria ‘Ley Celaá’ supone un ataque sin parangón contra la libertad educativa en nuestro país. Una ley que nace muerta, al no haber sido aprobada por consenso, sino impuesta por la izquierda radical. El Partido Popular dará la batalla en defensa de los españoles, acudiendo tanto al Tribunal Constitucional como a la Unión Europea y presentando mociones en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos regionales.
Si es grave el ataque contra el español, que dejará de ser la lengua vehicular en la enseñanza, vulnerando así el artículo 3 de la Constitución de 1978 que establece que todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho de usarla y dando satisfacción al separatismo catalán y vasco; si es grave el ataque contra la escuela concertada que en Madrid eligen casi el 25% de las familias; si es gravísimo cruel y malvado ataque contra las familias que tienen a sus hijos en centros de educación especial que se perpetra en la disposición adicional cuarta de la ‘Ley Celaá’; si es grave para los estudiantes la desaparición del mérito, calidad y excelencia en la educación en nombre de un antidemocrático igualitarismo ramplón que permitirá pasar de curso sin estudiar ni aprobar y que nada tiene que ver con la igualdad de oportunidades, lo peor es el fondo autoritario que subyace en esta legislación injusta. Una legislación cateta y aldeana que impedirá que los jóvenes españoles compitan en igualdad con los jóvenes que saldrán de las aulas francesas, alemanas, italianas, portuguesas o estadounidenses, cercenando así su futuro laboral y creando frustración entre las nuevas generaciones.
La ‘Ley Celaá’ , por un lado, pretende homogeneizar en la mediocridad la enseñanza, de forma que los padres no puedan decidir la educación que quieren para sus hijos, dejándolos en mano del Estado. Algo que, además de atacar el artículo 27 de la Constitución, anunció la ministra de Educación, Isabel Celaá, cuando afirmó que “los niños no son de los padres”. Es el viejo sueño totalitario, una realidad en dictaduras pero que va contra los fundamentos de cualquier sociedad libre. No es pues casual que el Partido Popular haya recogido miles de firmas en su contra o que las familias salieran a la calle un domingo de noviembre reclamando libertad.
Por otro, el gobierno Frankenstein que pacta los Presupuestos Generales del Estado con el brazo político de ETA, sigue adelante en su plan de cambiar el régimen constitucional de 1978 por la puerta de atrás. Actualmente los totalitarios ya no pretenden asaltar el Palacio de Invierno, ya que saben que la forma más efectiva de implantar su régimen en las sociedades occidentales, infantilizadas después de décadas de socialdemocracia, es utilizando la legislación para hacer un cambio “de la ley a la ley”.
En este sentido, el intento de cargarse la poca independencia que le quedaba al Poder Judicial, los ataques recentralizadores contra la Comunidad de Madrid, las leyes de desigualdad de Irene Montero, el decreto mordaza contra los medios de comunicación y la libertad de expresión van todos en el mismo sentido: la venezolinización de España. Un giro autoritario que no debe de imputarse solo a Podemos, una formación claramente totalitaria, sino también al PSOE, que ha muerto de la mano de Pedro Sánchez, dispuesto a hacer lo que sea con tal de permanecer en el poder.
Contra todo esto, el PP dará la batalla. Porque es el partido de la moderación, de las costumbres democráticas y, sobre todo, de la libertad.
