A la espera de saber si el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas deciden aplicar un toque de queda en todo el territorio español, Madrid, región que sugirió la idea a comienzos de esta semana, ya ha anunciado que endurecerá el control de la movilidad y de la concentración de personas de la medianoche hasta las seis de la mañana.
Lo hará tras constatar que el mayor aumento de contagios se está produciendo entre jóvenes de 15 a 30 años, los que más se mueven en esa franja horaria. Así lo expresó el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, recalcando que el aumento de casos de Covid-19 se está dando en mayor medida en ambientes asociados a la noche, de ahí que se quiera establecer un control «más exhaustivo» desde las 0.00 hasta las 6.00 horas con medidas que «vayan en el sentido de restringir la movilidad y la concentración» de personas.
Salvo sorpresa, el estado de alarma aplicado a la Comunidad de Madrid decaerá a las 16.47 horas del sábado 24 de octubre, siendo entonces la administración regional la que determine qué medidas adoptar para controlar la expansión de los contagios.
Medidas «quirúrgicas»
En este sentido, la Consejería de Sanidad ya ha anunciado que este viernes presentarán una orden que entrará en vigor en cuanto deje de ser efectivo el estado de alarma e incluirá medidas «quirúrgicas» como «posibles cierres de actividad por horas» para reducir los contagios de coronavirus, que tienen lugar especialmente como decimos entre los jóvenes y en el ámbito privado.
Información corroborada por la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en su comparecencia en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde compareció junto al vicepresidente madrileño y portavoz, Ignacio Aguado, que habitualmente atiende solo a los medios de comunicación.
La imagen de ambos, además de inusual, es significativa por las diferencias que han mantenido en los últimos días sobre las medidas para tratar de frenar contagios, ya que Ayuso aboga por aplicar «políticas sensatas, moderadas, en las que no se enfrente la salud con la economía» y Aguado cree que la Comunidad necesita un parón «contundente» de entre siete y veintiún días.
En cualquier caso, las medidas que contendrá la orden que prepara la Comunidad de Madrid no han sido concretadas, mas allá de avanzar que serán «sensatas y quirúrgicas» e irán «de manera directa a los focos de contagio«, aunque todavía las están «debatiendo» en el Gobierno regional. Todo hace indicar que irán en la línea avanzada por Escudero, de establecer ese control nocturno con medidas restrictivas de la movilidad y concentración de personas.
Un toque de queda a nivel nacional
Y mientras ya se vislumbra un «toque de queda» en Madrid, el Ministerio de Sanidad y todas las comunidades abordarán este jueves la actualización del plan de respuesta temprana frente al coronavirus para tratar de frenar esta segunda ola en un encuentro en el que pondrán sobre la mesa el debate de la posibilidad de que se aplique a toda España.
Medida que, como ya avanzó el martes el ministro de Sanidad, Salvador Illa, requeriría de la declaración del estado de alarma, que podría «adoptarse en una parte del territorio o en todo», aunque «no hay tomada ninguna decisión» por el momento sobre su implantación ni sobre la franja horaria en la que se aplicaría.
La actualización del plan lleva días sometiéndose a revisión y su versión final podría quedar definitivamente aprobada en la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud si pasa antes el filtro de la Comisión Pública de Salud.
En un borrador inicial de la actualización del plan conocido la semana pasada, el Ministerio proponía un sistema de indicadores y alertas para regular unas respuestas mínimas comunes de restricciones en todo el territorio ante la expansión de la Covid-19.
La idea era establecer un cuatro niveles de alerta para determinar «unas actuaciones mínimas, proporcionales» al nivel de riesgo de transmisión del coronavirus y que garanticen una coordinación suficiente entre las comunidades autónomas.
No obstante, como ya advirtió el lunes el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, era un borrador sobre el que se iba a trabajar hasta el último minuto, por lo que iba a sufrir muchas modificaciones.
De hecho, a día de hoy se está trabajando en él para añadir las distintas aportaciones que han hecho las autonomías al esqueleto preparado por Sanidad; el documento final contará con alrededor de unos 8 indicadores principales y otros 15 complementarios para actuar en función del riesgo, estando el toque de queda entre esas propuestas.
Desde el Ejecutivo madrileño, precursor de esta medida, se considera que «no es competencia de la Comunidad de Madrid decir legalmente qué es lo que hay que hacer, es competencia del Gobierno central«, según declaró la presidente madrileña Isabel Díaz Ayuso. Opinión compartida por el vicepresidente Aguado ha destacado que «debe ser el Gobierno de España el que marque una estrategia nacional para combatir esta pandemia» y que «no es de recibo» que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se haya pedido ser «espectador» en esta segunda ola.
En la misma línea, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha dicho que en «principio» no sería partidario de restringir aún más la hostelería porque «podría darse el caso» de que aumentaran las reuniones sociales y familiares, pero sí considera «razonable limitar lo máximo posible la movilidad» durante la noche.
¿Qué es el toque de queda?
Tomando como referencia el toque de queda que han aplicado el Gobierno francés para París y ocho áreas metropolitanas o el Ejecutivo belga, este supone una restricción de la libertad de circulación y reabre el debate vivido en los meses de abril y mayo sobre los instrumentos legales necesarios para limitar derechos fundamentales.
Tal y como se señalaba anteriormente, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, declaraba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el toque de queda requeriría la aplicación del estado de alarma y que solo se recurrirá a esa medida si existe el consenso suficiente.
Sin embargo, hay discrepancia entre los expertos sobre la necesidad del estado de alarma, que el Ejecutivo declararía mediante un decreto con los horarios de aplicación, las medidas concretas y las excepciones, como ocurrió en con el Real Decreto 463/2020, aprobado el 14 de marzo, que implicó el confinamiento general del país, o con el 900/2020, por el que el Gobierno impuso las restricciones a la Comunidad de Madrid.
El estado de alarma se regula en la Ley 4/1981 y permite su aplicación en horarios concretos, incluso con horarios diferentes en cada comunidad autónoma, según explica a Efe el catedrático de Derecho Constitucional Miguel Presno.
Presno cree que las comunidades autónomas no tienen competencia para adoptar medidas tan restrictivas y que el toque de queda no encaja en lo previsto en la Ley 3/1986 de Medidas Especiales en materia de Salud Pública.
Es en esa norma en la que se apoya Gabriel Doménech, catedrático de Derecho Administrativo, para defender que las autonomías pueden acordar medidas restrictivas, como demuestra el hecho de que la mayor parte de los Tribunales Superiores de Justicia, salvo el de Aragón, han ido avalando los confinamientos aprobados.
De hecho, la reacción del Gobierno aragonés ante el frenazo judicial a sus medidas fue recurrir a un decreto ley en el que impone confinamientos «por ministerio de la ley», lo que esquiva el control del Tribunal Superior.
La cuestión es que, si se opta por el estado de alarma, el control del Ejecutivo recae en el Parlamento, que debe autorizar las prórrogas tras los primeros quince días, mientras que, si se opta por la ley orgánica, el control es judicial.
