Al final no han sido días, como anunció el ministro de Sanidad Salvador Illa anoche, sino horas. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este jueves la orden del Ministerio de Sanidad que salió adelante ayer en la reunión del Consejo Interterritorial de Salud, que supone la aplicación de nuevas restricciones en Madrid y las grandes ciudades con mayor impacto de coronavirus y que será de obligado cumplimiento en un plazo de 48 horas.
«Este acuerdo será de obligado cumplimiento para todas las comunidades y ciudades autónomas integrantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud», señala el BOE, incluidas las que han rechazado las medidas, como Madrid, Andalucía, Cataluña, Galicia y Ceuta.
Unas medidas que queda por ver cuándo y cómo aplica la Comunidad de Madrid, ya que este miércoles dejó bien clara su postura anunciando que no acataba esta orden y que estudiaba recurrir el acuerdo porque considera que no tiene validez jurídica.
Casi la única certeza es que diez municipios de la región, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Torrejón de Ardoz, Móstoles, Parla y la capital, Madrid, están en el punto de mira del Gobierno por sus marcadores de contagiados por coronavirus y hospitalizados. A partir de ahí, cualquier cosa puede pasar.
Para Illa, el acuerdo es perfectamente claro y a la salida de la reunión del Consejo Interterritorial defendía que había sido aprobado «con una amplia mayoría»: trece votos a favor, una abstención y cinco votos en contra, de las comunidades de Madrid, Cataluña, Andalucía, Galicia, Murcia y Ceuta. Un 70 % de la representación, por lo que, a su juicio, es una decisión colegiada.
El acuerdo contempla restricciones en la entrada y salida de personas en los municipios de más de 100.000 habitantes con incidencia acumulada de COVID superior a los 500 casos en 14 días, con un porcentaje de positividad en las pruebas diagnósticas superior al 10% y que formen parte de una comunidad en la que la ocupación de camas en UCI por pacientes COVID sea superior al 35%.
El ministro, que dijo no entender el voto en contra de Madrid, aseguró que la situación en Madrid es «compleja y preocupante«, ya que acumula el 43,7% de total de los nuevos diagnósticos, advirtiendo de nuevo que «vienen semanas duras, muy duras».
«La salud de Madrid es la salud de España«, dijo Illa, quien incidió en que el acuerdo es vinculante para Madrid y que no contempla otro escenario que no sea el de que todas las comunidades, también las que han votado en contra, apliquen las medidas contenidas en el acuerdo.
¿Acatará Madrid la decisión?
Ahora que el órdago del ejecutivo de Pedro Sánchez ya está sobre la mesa, queda por ver qué harán desde la administración de Ayuso. La comparecencia de anoche de Illa no tardó en ser replicada por el consejero de Sanidad madrileño, Enrique Ruiz Escudero, quien dio voz en rueda de prensa a la postura de la Comunidad de Madrid: la decisión adoptada en el Consejo Interterritorial de Salud «jurídicamente no es válida» al no haber sido tomada por consenso.
«El Gobierno de España tiene prisa por intervenir Madrid y no por luchar contra el virus», señaló tajante Escudero.
El Consejero añadió que «es falso» que se haya adoptado una decisión «colegiada» en el Consejo Interterritorial sobre un documento que «atañe a todo el Sistema Nacional de Salud y, sobre todo, a derechos fundamentales y a la libertad de millones de personas».
Para Escudero, el ministro Illa ha utilizado el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud «para imponer medidas que van en contra de la voluntad de muchos españoles». A su vez, aseguró que la Comunidad de Madrid siempre ha apostado por la mejora del documento, por el diálogo y por dar un respaldo técnico a este tipo de decisiones.
Asimismo, subrayó que todos los indicadores reflejan que la situación epidemiológica empieza a estar controlada en la región madrileña, por lo que rechazó «el mensaje de alarma y de crispación que está trasladando el ministro de Sanidad y el Gobierno de España hacia Madrid».
«Todas estas medidas que quiere imponer el Gobierno de España sin siquiera haber escuchado a la Comunidad de Madrid en sus peticiones desde luego serían muy difíciles de entender por parte de los madrileños», añadió.
Como epílogo de su intervención, dejó claro que en el caso de que se llegara a publicar en el BOE la orden por parte del Ministerio de Sanidad, la Abogacía General de la Comunidad de Madrid determinaría el tipo de actuación que se llevará a cabo. Esta mañana se hizo efectiva, y ahora le toca mover a Madrid.
