Un defecto de forma ha sido el detonante para que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya anulado Madrid Central. El TSJM ha dictaminado que no se cumplió con el trámite esencial de información pública y con la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza.
Esta anulación supone que, en el caso de que las tres sentencias dictadas este lunes por el tribunal alcancen firmeza, todas las multas impuestas decaerán al carecer de sustento normativo.
Madrid Central entró en vigor el 30 de noviembre de 2018, cuando Manuela Carmena era alcaldesa de la capital, y fue enseguida recurrido por el PP y por la Comunidad de Madrid, que pidieron incluso a la Justicia madrileña paralizar cautelarmente la Ordenanza de Movilidad Sostenible.
La solicitud fue desestimada por la Sección Segunda de lo Contencioso del TSJM, que ahora ha dictado tres sentencias en las que ha estimado parcialmente los recursos presentados por la Comunidad, el Grupo Popular en el Ayuntamiento y la empresa DVuelta Asistencia Legal, aunque sin entrar al fondo del asunto ni valorar la delimitación de esta zona de bajas emisiones y su regulación.
Aunque a su entender no pueden prosperar «ninguno de los motivos de impugnación de carácter formal o procedimental que pudieran determinar la nulidad de la ordenanza», sí que han observado «la concurrencia de un defecto determinante de su nulidad parcial«, de forma que proceden a anular los artículos 21 a 25 de la misma.
Lo hacen en respuesta al recurso de la administración autonómica, que recurrió al TJSM al considerar que, tanto en el primer y segundo borrador como en el propio acuerdo del proyecto inicial, no aparecía la regulación de lo que hoy se conoce como Madrid Central, sino que contemplaba sólo una futura área de acceso restringido. Los magistrados también consideran que falta la imprescindible memoria económica previa a la aprobación de la ordenanza.
Las reacciones a la anulación y el «día después»
El Ayuntamiento de Madrid ha asegurado que está estudiando «las consecuencias» de dicha anulación y ha señalado que el equipo de Gobierno (PP-Cs) respeta la decisión judicial y está «comprometido» en dar seguridad jurídica a los madrileños.
Por otro lado, ha reiterado que están «trabajando firmemente» en la mejora de la calidad del aire, a través de la aplicación de la estrategia de sostenibilidad ambiente Madrid 360.
La exdelegada de Medio Ambiente y Movilidad y artífice de Madrid Central, Inés Sabanés, ahora diputada en el Congreso por Más País-Equo, ha criticado la «irresponsabilidad infinita» del PP, que ahora se encuentra en una «encrucijada, o salud pública o intereses particulares».
Desde Más Madrid, su portavoz en la Asamblea, Pablo Gómez Perpinyà, ha asegurado en Twitter que «la anulación de Madrid Central es una mala noticia para la salud de todos los madrileños» y ha acusado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y a la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, de gobernar «para el revanchismo, la destrucción y la vuelta al pasado».
En nombre del PSOE, su responsable de Medio Ambiente y Movilidad en el Ayuntamiento de Madrid, Alfredo González, ha pedido al equipo de Gobierno de la capital (PP-Cs) que presenten un recurso de casación que impida la suspensión de cautelar de Madrid Central porque su «obligación» es proteger la salud de los madrileños.
El consejero madrileño de Transportes y expresidente del Gobierno regional de 2018 a 2019, Ángel Garrido, ha afirmado que «la justicia finalmente ha dado la razón» a la Comunidad de Madrid, porque para establecer este tipo de medidas hay que «consultar a vecinos, comerciantes, a los ayuntamientos y a la Comunidad para ponerlas en marcha».
A su juicio, con el actual equipo del Ayuntamiento, «con un gobierno de PP y Ciudadanos», sin duda se podrán hacer las cosas bien «a partir de este momento, consultando con todos aquellos que al final van a ser afectados por esta medida».
En la misma línea, la consejera de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Paloma Martín, ha opinado que «aunque es recomendable establecer una zona de bajas emisiones como marca la Unión Europea, hay que hacerlo en base a criterios técnicos y medioambietales, así como de impacto económico», criterios que, a su juicio, no se incluían en el proyecto que diseñó la anterior Corporación municipal de la capital.
La sentencia, en cualquier caso, no es definitiva y Ecologistas en Acción ya ha anunciado que presentará un recurso de casación al Tribunal Supremo contra la anulación de Madrid Central por considerar que los «defectos de forma» esgrimidos por el TSJM son «cuestionables».
Y si bien parece claro que, ya sea «Madrid Central» o «Madrid 360», habrá una regulación del tráfico en la almendra central de la capital, queda por ver qué sucederá con todas las multas impuestas desde marzo de 2019, ya que, si el fallo llega a ser firme carecerían de «sustento normativo» tal y como hemos visto al principio.
Si así fuera, el Ayuntamiento podría verse obligado a devolver a los conductores el importe de las mismas. Recordemos que, durante muchas fechas, llegaron a imponerse hasta 4.000 sanciones diarias.
La propia Plataforma Ecologista ha recordado en este sentido que, si el Ayuntamiento tuviera que reembolsar el dinero de las multas impuestas desde la entrada en vigor de Madrid Central, el coste ascendería a más de 36 millones de euros.
En cualquier caso, las restricciones de Madrid siguen vigentes.
