Se acabaron las miradas furtivas a las redes sociales, los chats entre compañeros en mitad de clase o el molesto sonido de una notificación durante un examen. El curso escolar 2020-2021 arrancará en septiembre, con el uso de teléfonos móviles y dispositivos electrónicos prohibido en los colegios e institutos madrileños durante la jornada escolar.

Se trata de una medida encaminada a mejorar los resultados académicos de los alumnos madrileños, especialmente aquellos que tienen mayores problemas con el estudio, y a luchar contra el ciberacoso y el bullying en los centros docentes de la región.

El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha explicado que el uso de los teléfonos móviles y de los dispositivos electrónicos estará prohibido a partir de septiembre por parte de los alumnos durante todo el horario escolar, también en los recreos.

«Solamente se podrán autorizar a los alumnos que lo necesiten por razones de salud o por los motivos que considere el centro», precisó el también portavoz del Gobierno regional.

Aguado mostró su deseo de que esta medida consiga «reducir las situaciones de vulnerabilidad, de acoso y de bullying» y que sea «bien acogida» por los alumnos y por los padres.

Expresó su deseo de que los alumnos se sientan «seguros y tranquilos» en el entorno escolar y que «los teléfonos no se conviertan en herramientas de ataque, de discriminación o de acoso».

El Consejo de Gobierno aprobó este miércoles la modificación del decreto por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad de Madrid.

Este cambio en la regulación incorpora la prohibición expresa del uso de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos durante la jornada escolar, permitiendo, exclusivamente, su uso como herramienta didáctica o por razones de salud.

Esta medida, contemplada en la Estrategia integral para la Convivencia escolar y en el Plan de Ciberseguridad del Ejecutivo regional, afectará a todos los centros públicos y concertados -más de 1.700-, donde actualmente cursan sus estudios más 800.000 alumnos.

Del mismo modo, incluye algunas actuaciones para facilitar la inspección educativa y para concretar el plan de acción tutorial.

También se introducen mejoras para agilizar los procedimientos disciplinarios y que las medidas educativas sean más eficaces.

Se incluye en el procedimiento ordinario aquellas faltas graves cuya autoría sea evidente, permitiendo a los centros agilizar las medidas correctoras y aplicarlas con inmediatez para que su resultado educativo sea efectivo.

Las faltas muy graves también se podrán tramitar por el procedimiento ordinario siempre que la falta resulte evidente y sea reconocida la autoría por el alumno.

DISPOSITIVOS PERMITIDOS DE FORMA EXCEPCIONAL

La prohibición del uso de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos establece un margen de autonomía de los centros para que, en su contexto y dentro de las normas de convivencia aprobadas, puedan permitir el uso de estos medios, de forma excepcional, en determinados períodos, o con fines didácticos, así como a aquellos alumnos que los necesiten.

Por ello, sí se permitirán estos dispositivos a los alumnos que los necesiten por razones de salud o de discapacidad, conforme a lo dispuesto en la normativa de convivencia.

Asimismo, los docentes y la dirección de los centros educativos podrán proceder a la retirada de los móviles de los estudiantes que incumplan esta obligación, que les serán restituidos según la normativa aprobada por el centro.

Además, los dispositivos de grabación de sonido o imagen que fueran empleados para atentar contra la intimidad de las personas o su derecho a la propia imagen, pudiendo ser los hechos constitutivos de delito, serán entregados a los cuerpos de seguridad o al Ministerio Fiscal.