Los populares del Ayuntamiento de Majadahonda han reclamado al Gobierno Central que les permita usar el superávit de cerca de 70 millones de euros que han logrado en su gobierno municipal para luchar contra la pandemia. De esta forma, se sumarían a la iniciativa del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, que ha registrado una proposición no de ley (PNL) en este mismo sentido.

En palabras del presidente del grupo en el Consistorio y alcalde de la ciudad, José Luis Álvarez Ustarroz, “esto es algo absolutamente necesario en estos momentos porque nos permitiría crear líneas de ayudas directas a autónomos, comercio local y familias más vulnerables, activar la economía productiva a través de inversiones y seguir bajando impuestos a los majariegos”.

La Regla de Gasto

El fin es flexibilizar la Regla de Gasto para que los ayuntamientos tengan potestad para tomar medidas extraordinarias, siempre que no supongan gastos estructurales. El PP propone que el superávit pueda destinarse a gasto corriente o inversión y que éstos no computen en la regla de gasto ni en la estabilidad presupuestaria. Su intención es que no sea necesario aprobar el Plan Económico Financiero para los supuestos de incumplimiento por uso del remanente de tesorería para gastos generales.

Desde la agrupación local de Majadahonda recuerdan que esta petición ya la llevaron a Pleno municipal con fecha 25 de julio, instando al Gobierno Central a reformar la Ley Orgánica 2/2012 y a eximir de la aplicación de la regla de gasto a aquellas entidades locales “que han hecho sus deberes y tienen sus cuentas públicas saneadas y deuda cero”. “Si ya era necesario en el momento que lo solicitamos, lo es aún más actualmente en esta tremenda crisis”, ha afirmado Álvarez Ustarroz.

Por estas razones, mediante una segunda PNL, el PP en el Congreso reclama al Gobierno que permita a los Ayuntamientos, dentro del escenario presupuestario 2020, desarrollar competencias que no les son propias para complementar las medidas y ayudas puestas en marcha por otras administraciones para hacer frente a la pandemia por Covid-19. Este escenario presupuestario incluye la aplicación del remanente de tesorería del año 2019.

Por otra parte, instan al Ejecutivo a “pagar los 700 millones que el Estado adeuda al conjunto de las entidades locales del IVA correspondiente a diciembre de 2017”. También a designar a las entidades locales como beneficiarias de aquellos Fondos de impulso prioritario de políticas sociales y de reconstrucción social y económica que se habiliten por el Estado dirigidos a las CCAA.

La nueva programación de Fondos e Iniciativas Europeas 2021-2027, reclaman que se reoriente a la reconstrucción de las economías locales con la creación de fondos específicos. El PP pretende que el Gobierno autorice a los Ayuntamientos a realizar gastos no estructurales en áreas en las que estrictamente no son competentes. Áreas como empleo o educación, para poner en marcha políticas complementarias de otras autonómicas o estatales, para lograr una recuperación económica lo antes posible.

Insta también al Ejecutivo a “prorrogar los plazos para que las Inversiones Financieramente Sostenibles, financiadas con cargo al superávit de 2019, puedan ejecutarse en 2021”, para de esta forma, tener en cuenta la suspensión de plazos administrativos como consecuencia del Estado de Alarma.

Además, se solicita al Gobierno que “considere la pandemia como una situación de grave peligro” desde el punto de vista de la Ley de Contratos del Sector Público para que los ayuntamientos puedan comprar bienes y servicios mediante la tramitación de emergencia.

Contratación de personal

De igual manera, reclama al Ejecutivo que eleve la tasa de reposición al 100% de las plantillas ya existentes para los Ayuntamientos que han cumplido las reglas fiscales y disponen de remanentes para que puedan prestase eficazmente los servicios “ante la existencia de numerosas vacantes en las plantillas y el envejecimiento de las mismas”.

Desde el punto de vista de la contratación, exige que se permita levantar la suspensión de los plazos “para no interrumpir los procesos de contratación de las entidades locales y así agilizar la recuperación económica y del empleo”.

También solicita al Gobierno que tome medidas para que los ayuntamientos puedan aplicar su superávit a la finalidad prevista en Real Decreto de medidas urgentes para frenar el impacto económico y social de la pandemia.

Entre estas medidas se encuentran la supresión del límite de la previsión de la estabilidad presupuestaria en la liquidación de 2020, o la sustitución de la función interventora por el control financiero permanente, para la gestión de ayudas a personas vulnerables. Así como que no sean consideradas subvenciones las prestaciones económicas del Sistema de Servicios Sociales de CCAA y Entidades Locales a personas y familias en riesgo de emergencia o exclusión social.

Por último, exige al Gobierno “respetar y garantizar la autonomía que la Constitución y las leyes otorgan a las entidades locales para la gestión de sus recursos, del dinero público que es de todos y cada uno de los españoles no de un gobierno en concreto”.