El Partido Popular y Ciudadanos han urgido a la portavoz de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, a dimitir tras haber sido condenada a 19 meses de cárcel e inhabilitación por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones leves y daños, que tuvieron lugar en 2014 durante el intento violento de frenar un desahucio en el barrio de Lavapiés.

El fallo del TSJM impone a Serra, además de una pena de 19 meses de cárcel (que en principio no implicará su ingreso en prisión), una multa de 2.400 euros, una indemnización de 5.250 euros a los dos agentes heridos y 19 meses de inhabilitación para «el derecho al sufragio pasivo». 

DIMISIÓN

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Alfonso Serrano, ha subrayado que Serra «puede elegir entre tres motivos para dimitir: por decencia política, por cumplir el propio código ético de Podemos o porque la propia sentencia la inhabilita ya para cargo público».

Serrano ha subrayado que «esto no es la oposición de unos testigos de la señora Serra contra los testimonios de los policías», porque «hasta ocho compañeros» de la diputada «reconocieron los hechos en el proceso judicial y asumieron la condena»: «No hay dos versiones, hay sólo una versión, la de los hechos probados que condena a Isa Serra (…) se ha demostrado que ha agredido a policías, y desde luego esa persona no es digna de ostentar un cargo de representación en la Asamblea de Madrid».

Por su parte, el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio Aguado (Cs), espera que, tras el anuncio de su condena por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Serra dimita en las próximas horas, porque a su juicio «no se entiende que continúe en el puesto».

Aguado ha precisado en la rueda de prensa telemática posterior al Consejo de Gobierno que no le corresponde a él tomar esta decisión, sino a «ella y a su partido político», y ha añadido que espera que Serra «predique» con el ejemplo porque, en su opinión, si le pasara a otra portavoz ella pediría la dimisión.

APOYOS

El vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, la ministra de Igualdad, Irene Montero, y otros representantes de Podemos han criticado la condena a la portavoz de la formación morada en la Asamblea de Madrid.

«Las sentencias se acatan (y en este caso se recurren) pero me invade una enorme sensación de injusticia», señala el vicepresidente y líder de Podemos en un tuit en el que añade que en España mucha gente siente que corruptos muy poderosos quedan impunes gracias a sus privilegios y contactos. Mientras tanto, agrega, «se condena a quien protestó por un desahucio vergonzoso».

En términos similares, la ministra de Igualdad ha subrayado que lo que hizo Serra fue ayudar a parar un desahucio de una persona con discapacidad y actuar en defensa de los derechos humanos y del artículo de la Constitución que protege el derecho a la vivienda. «Ni Isa ni ninguna persona que en España luche contra las injusticias estaréis solas. Somos más», señala en su Twitter.

También el portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, se ha pronunciado sobre esta cuestión con un mensaje en el que subraya que Serra ha sido condenada «sin pruebas» por manifestarse pacíficamente para intentar parar un desahucio de una persona con discapacidad. «Obviamente recurriremos, pero yo pensaba que los jueces estaban para impartir justicia. Qué vergüenza», concluye Echenique.

El portavoz de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, ha manifestado su respaldo a Serra a través de Twitter, donde ha escrito: «Mucha fuerza Isa. Es una barbaridad, una condena sin pruebas objetivas y un atropello contra el derecho de manifestación. Quienes jalean esta condena no pueden creer en la justicia»

QUÉ DICE LA SENTENCIA

El TSJM sentencia a Isa Serra a 19 meses de prisión por un delito de atentado en concurso ideal con otro de lesiones leve y daños, al que aplica la atenuante de dilaciones indebidas, aunque en principio la condena no implicaría el ingreso en la cárcel.

Sí que la absuelve de desórdenes públicos al considerar que no quedó acreditado, pese a la violencia desarrollada y las lesiones, que su intención fuera la de atentar contra la paz pública.

La Fiscalía pedía para la diputada, que siempre defendió su inocencia y negó todas las acusaciones, una pena de 23 meses de prisión y 5.200 euros de indemnización para los dos agentes heridos durante los incidentes del 31 de enero de 2014.

Con todo, la resolución no es firme y contra la misma cabe recurso de casación ante el Supremo, algo que su defensa ya ha anunciado que «hará sin duda» para demostrar la inocencia de Serra.

Los jueces consideran probado que Serra formaba parte del grupo de personas que al término del desahucio increpó e insultó a los agentes de policía destinados a la zona para dar cobertura a la comisión judicial, hasta el punto de obligarles a retroceder para protegerse del aluvión de objetos que les lanzaban.

E incluso, añaden, verse obligados a salir de un vehículo para evitar que los congregados se llevaran algún objeto, después de que lograran abrir el portón trasero del último furgón policial.

Dice la sentencia que «la acusada, integrándose en los grupos de personas, pues unas veces se encontraba en uno de los cordones y otras veces en el otro, que increpaban, insultaban y acosaban a los agentes, profirió insultos dirigidos a los agentes en general, así como en particular a una agente de Policía Municipal».

A esta le dijo: «Eres cocainómana, mala madre, hija de puta, con todo lo que hemos luchado las mujeres, contigo se pierde todo, no te quieren ni tus propios compañeros», mientras que a otra agente le dirigió frases como «Hija de puta, puta, zorra; que te follas a todos los policías municipales’. ‘Vergüenza, si fuera tu hijo tendría que cogerte un arma y pegarte un tiro».

«La acusada, además de proferir insultos a los agentes, procedió también a dar empujones y lanzar objetos contundentes a los mismos», explican los magistrados, que recuerdan que como consecuencia de estos episodios, dos agentes municipales resultaron heridos.

En su fundamentación, los jueces destacan que el derecho a la libertad de expresión, así como el derecho de reunión pacífica, «son derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución y sirven como vehículos para canalizar protestas, en principio legítimas, como el caso presente de solidarizarse con una persona desahuciada de la vivienda que ocupa». «Ahora bien -añaden-, al igual que otros derechos fundamentales, su ejercicio tiene límites, siendo uno de ellos el que su legítimo ejercicio no puede amparar comportamientos ilegales o castigados por el Código Penal».

Por otra parte, los jueces dejan claro que «no se ha juzgado a un representante de la clase política por el hecho de ser política, ni la acusación, solo mantenida por el Ministerio Público, obedece a tales motivaciones», como subrayan que tampoco ha sido una supuesta «cabeza de turco» de los hechos, ya que se otras personas han sido condenadas.

Así, la Sala aprovecha «el contexto en el que se enmarcan los hechos» para «despejar cualquier duda sobre la imparcialidad y estricta sujeción en nuestra labor de enjuiciamiento a los principios y garantías que rigen en nuestro procedimiento penal».

Se refiere así a las palabras de Isa Serra el 13 de febrero en las que, tras reiterar su inocencia, añadió que solo entendía «políticamente» algunas de las acusaciones vertidas contra ella, a lo que el presidente del TSJM, Celso Rodrígez, contestó que «jamás» consentiría una acusación basada solo en motivos políticos.

Los jueces también responden a la petición de diputada autonómica de retirarle el aforamiento, un supuesto que exige que renuncie a su condición parlamentaria en la Asamblea, «lo que evidentemente no hizo».