Los empresarios madrileños consideran que el Gobierno central debería cerrar «cuanto antes» los comercios, con la excepción de farmacias, supermercados o estancos, en una medida que debería incluir un Plan de ayuda específico para el comercio y la restauración con medidas como la suspensión del pago de hipotecas, la suspensión de contratos de locales comerciales callejeros y en centros comerciales, y la suspensión de las cotizaciones a la seguridad social.
Así lo expresa este viernes la organización Madrid Foro Empresarial en una nota de prensa, en la que afirma que ante la crisis generada por el coronavirus el Gobierno debería «declarar el Estado de alarma» y ordenar el cierre de tiendas, oficinas, restaurantes y establecimientos, «menos los que ofrecen bienes de primera necesidad», y «a pesar de las consecuencias económicas nefastas que esto supondrá».
El presidente de Madrid Foro Empresarial, Hilario Alfaro, reconoce en la nota que «en un ejercicio de responsabilidad social” es necesario «blindarnos lo máximo posible y lo antes posible para intentar contener la propagación del virus y evitar una crisis mayor».
Madrid Foro Empresarial afirma que «para evitar la desaparición de los negocios», el Gobierno de España tendrá que lanzar un plan de ayudas, «algunas con carácter urgente, para asegurar la continuidad del tejido empresarial madrileño a medio y largo plazo».
Del mismo modo, la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid ha considerado que las medidas aprobadas por el Consejo de Ministros el miércoles son «absolutamente insuficientes», con una línea de crédito «realmente mínima, teniendo en cuenta la situación».
Así lo ha expresado a Efe la secretaria general de esta organización, Mar de Miguel, quien ha asegurado que «se necesitarían al menos 5.000 millones de euros frente a los 400 que se han aprobado», y ha afirmado que la Asociación supone que será el próximo consejo de ministros el que apruebe «las medidas que realmente nos ayuden a pasar y a gestionar la situación y que los daños sean lo menos irreversibles posible».
De Miguel ha considerado «positiva» la iniciativa del Ayuntamiento de Madrid de aprobar con urgencia medidas de carácter tributario, aunque considera que las bonificaciones del 25 % condicionadas al mantenimiento del empleo «deberían excluir el personal afectado por expedientes de regulación temporal de empleo» (ERTE), «para que sean efectivas».
