El pasado martes el Consejo de Ministros dio luz verde a la que pretende ser la nueva ley educativa socialista, la conocida como Ley Celaá.

Una ley para la que el PSOE no ha pretendido consenso alguno: ni siquiera ha convocado la Conferencia Sectorial de Educación para entregarles el texto a los consejeros autonómicos, que ostentan las competencias de gestión directa en materia educativa.

Una ley que su propio partido de co-gobierno, los comunistas de chalet sentados en la mesa más grande jamás vista en un Consejo de Ministros, tendrá que modificar en periodo de enmiendas porque no les han permitido tocar una coma respecto al texto que ya se aprobó el 15 de febrero de 2019. ¿El motivo? Evitar remitirla de nuevo al Consejo Escolar del Estado, que ya fue muy crítico en su informe de 2019. Tampoco la someterán a informe del Consejo de Estado.

Que Podemos se reserve para el periodo de enmiendas solo puede empeorar el texto, más aún… Entre otras cosas para cumplir con el compromiso de aquel acuerdo sellado con un abrazo Sánchez-Iglesias que sentenció el fin de la constitucionalidad del Partido Socialista Obrero Español.

Y a pesar de ser el mismito texto que el de aquel febrero de 2019, le he querido dar la oportunidad de verlo con otros ojos un año después. Y he vuelto a leerlo con tanto detenimiento, que he encontrado aún más mensaje entre líneas: hilan muy fino para dictar sin escribirlo, para señalar el camino sin dibujarlo. La ley ataca la libertad educativa y la diversidad de modelos y proyectos que ha caracterizado nuestra educación desde la Constitución Española de 1978; otorga a las administraciones la capacidad de escolarizar alumnos en centros contra la voluntad de sus padres bajo la excusa del equilibrio; relega los centros de educación especial a residuales; utiliza el eufemisno de permanecer en el mismo curso para no llamar a las cosas por su nombre: repetir; permite titular Bachillerato con una materia suspensa; o renuncia a las competencias del Estado en materia educativa como elemento vertebrador.

Por eso, ha llegado el momento en que el centro derecha tiene que elegir de qué lado está: del lado de la libertad o del lado de quien pretende hurtar su libertad a los madrileños.

Hoy es el día en que Partido Popular, Ciudadanos y VOX debemos unir nuestras voces, sin desviarnos en ruido, estridencias o anécdotas, y ejercer de dique ante la mayor amenaza de la historia de España a la educación madrileña.

En el Partido Popular lo tenemos claro: nos posicionamos en la libertad de elección, en la calidad educativa sin regalar títulos con materias suspensas, en la autonomía de los centros y la figura del docente y el director, en la existencia de los centros de educación especial con los alumnos que tienen en la actualidad. Creemos, en definitiva, en la escuela pública, la privada y la concertada como garantía de la pluralidad de proyectos y de opciones educativas en convivencia y en libertad.