Para el año 2035, según las medidas derivadas de la aplicación del paquete de economía circular de la UE, solo podrá acabar en los vertederos un máximo de un 10 % de los residuos municipales generados en cada país. El objetivo es tomar la senda del denominado vertido cero.
Según datos del Ministerio para la Transición Ecológica, nuestro país genera 21 541 841 toneladas al año de residuos urbanos. El 54 % acaba en vertederos, muy lejos de la cifra anteriormente citada.
El problema se agrava cuando la capacidad de estos vertederos está al borde de su saturación o vida útil y no se toman medidas técnicas adecuadas para que lleguen menos residuos a los mismos. Es el caso al que nos enfrentamos en la Comunidad de Madrid, que representa el paradigma de una gestión que roza lo absurdo.
Situación de los vertederos madrileños
En los datos aportados por la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid o ERCM (tabla 1) puede observarse una incoherencia en la cantidad de residuos que llegan a vertedero. Multiplicando la población por la generación en kg/habitante y año nos da el total de residuos. Por otro lado, están recogidos los datos de cantidad de residuos tratada en los vertederos.
En el caso del vertedero de Alcalá de Henares, aparece que el número tratado es mayor que el generado. Y en el resto (exceptuando Madrid), llega a los vertederos una cantidad próxima al 100 % generado. Estos números son preocupantes. Pero no vamos a detenernos a buscar una explicación, sino que vamos a centrarnos en la situación de los vertederos.
Según la Estrategia de Residuos de la Comunidad de Madrid, los vertederos de Alcalá de Henares, Pinto y Colmenar Viejo estarían colmatados para 2019. Su situación actual es la siguiente:
Se ha autorizado al vertedero de Pinto la elevación de la cota de vertido en 12 metros más. También se acaba de habilitar el nuevo vaso de vertido.
El sellado definitivo del vertedero de Colmenar Viejo sería para 2024, a pesar de que ya ha llegado al límite de su capacidad y su ampliación de servicio está vetada por la propia Mancomunidad del Noroeste.
El vertedero de Alcalá de Henares está colmatado totalmente y sin capacidad de ampliación. Y lo que es peor, no hay alternativa, salvo la puesta en servicio del vertedero controlado de Loeches el próximo año. La situación es límite: unas 270 000 t de residuos no se van a poder tratar y necesitan solución.
Más del 90 % de los residuos de la Mancomunidad del Este (según datos de la propia Comunidad de Madrid) van destinados al vertedero, es decir, que tanto la fracción resto como la orgánica y parte del resto de materiales se vierten en masa. Esto conlleva una aceleración en la colmatación del vertedero.
Se apela a la solidaridad del resto de instalaciones (Valdemingómez y Pinto en concreto), pero el problema de fondo continúa sin solventarse. Estos equipamientos tienen capacidades de tratamiento limitadas y nadie ha asumido responsabilidades por haber llegado a esta situación, en la que la principal afectada es la ciudadanía.
La raíz del problema
La teoría señala que, siempre que no haya valorización energética, en un vertedero debe acabar únicamente el rechazo de la recogida selectiva (contenedores verde, amarillo y azul) y el rechazo procedente de las plantas de selección que tratan la fracción resto actual (si no hay separación de orgánica, contenedor gris con tapa naranja o contenedor verde oscuro). Todo esto con independencia de la autorización ambiental integrada que tenga.
De esta forma, se puede rebajar entre un 50-60 % la cantidad de residuos que entran en el vertedero. Si a esto se le une el tratamiento separado de la materia orgánica para producir biogás, los números mejoran sensiblemente: la mejora es de entre el 20-25 % adicional.
Según la ERCM, más del 80 % de los residuos entran en los vertederos de Alcalá de Henares, Pinto y Colmenar. La separación de envases tiene un mal rendimiento y la selección de resto y materia orgánica solo se hace en Valdemingómez, gestionado por el Ayuntamiento de Madrid.
En busca de una solución
Por desgracia, el problema técnico se ha transformado en un problema político que ha demostrado la inoperancia de las administraciones en el asunto. Claramente, hay un problema técnico que no se abordó en su momento.
Las soluciones a corto plazo son conflictivas. A nadie le gusta “comerse” la basura de los demás. Pero no hay que olvidar el principio de “autosuficiencia y proximidad” y el de “solidaridad interterritorial” (véase la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 29 de marzo de 2018), que podría ser de aplicación a este caso.
En este sentido, con miras cortoplacistas y técnicamente hablando -sin tener en cuenta consideraciones políticas, sociales, etc.-, las 270 000 t generadas en la Mancomunidad del Este no podrían tratarse correctamente.
El motivo es la falta de capacidad productiva en las plantas, sin llevarlas al colapso y suponiendo que llegasen al 100 % de sus capacidades. Además, hay que considerar que actualmente la población ha aumentado y la generación de residuos posiblemente sea mayor.
Ello obligaría a que todo o una parte se vertiese en masa como se venía haciendo en Alcalá de Henares, con el consiguiente acortamiento de la vida del vertedero que lo acoja, hasta la puesta en marcha del de Loeches. Se desecharían materiales potencialmente reciclables.
Otra medida cortoplacista puede ser la realización de una inversión urgente en una planta de selección de la fracción resto del residuo que entra en el vertedero de Alcalá de Henares. Esta medida podría ser correcta, pero seguramente con un grado de ineficiencia alto. Las prisas no son buenas consejeras, y tampoco arreglarían el problema a estas alturas.
Más a largo plazo, la Comunidad de Madrid y las mancomunidades han de empezar a tomarse en serio el principio de las 3R (Reducir, Reutilizar y Reciclar). Aunque en la ERCM está reseñado, hace falta urgentemente comenzar a invertir y redistribuir las instalaciones de gestión de residuos por todo el territorio de la Comunidad. Es lo que espera la ciudadanía, y queda mucho por hacer.
No se resuelve el problema vertiendo. Los números, exactos o no, no engañan. Habría que empezar a separar la materia orgánica de manera correcta y poner plantas de transformación a biogás. En aquellos lugares más alejados de las plantas, habría que facilitar el autocompostaje y compostaje colectivo o municipal. También aumentar la eficiencia en la recogida selectiva y, sobre todo, actuar con transparencia y lealtad a la población por encima de los colores políticos.
Solucionar el problema requiere un cambio en el estilo de gestión y de la estructura organizativa en la propia gestión de residuos. Se podría crear, por ejemplo, una Agencia de Residuos con un enfoque más técnico que político que empiece a aplicar los principios de la economía circular de una manera seria, coordinada y con inversión suficiente.
La Comunidad, mancomunidades, ayuntamiento y ciudadanía participarían en el proceso para tomar decisiones en conjunto sobre qué hacer con los residuos.
José Vicente López, Investigador en el Departamento de Ingeniería y Gestión Forestal y Ambiental, Universidad Politécnica de Madrid (UPM)
Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.