La Comunidad de Madrid ya trabaja en una Ley de Protección Civil y Gestión de Emergencias de la región que regulará las actuaciones de todos sus servicios en este ámbito, hasta ahora regidos por una norma estatal.
Este nuevo marco jurídico autonómico entrará en vigor a lo largo del próximo año 2020 tras su aprobación en la Asamblea de Madrid, según las estimaciones del Gobierno regional.
El Consejo de Gobierno ha conocido este martes un informe elaborado por la Consejería de Justicia, Interior y Víctimas sobre el nuevo texto legal que permitirá estructurar un nuevo sistema autonómico integral de protección civil, establecerá los derechos y deberes de los ciudadanos en la materia y definirá las actuaciones ante los riesgos y las emergencias.
El vicepresidente regional, Ignacio Aguado, ha explicado que el objetivo de esta ley es crear un sistema autonómico integral de protección civil y gestión de emergencias. Ello permitirá que por por primera vez la Comunidad de Madrid cuente con una ley propia que regule la actuación de todos los servicios del ámbito de la protección Civil y emergencias.
Entre las novedades que incluirá la nueva ley se encuentra la de regular la posibilidad de que la Comunidad de Madrid pueda personarse en todos los procedimientos judiciales por incendios intencionados en la región.
Con esta decisión, el Ejecutivo madrileño quiere poner uno de los focos en los pirómanos, que ponen en peligro la vida de las personas, los bienes y el medio ambiente, un tesoro natural, patrimonio de todos los ciudadanos.
Además, la Ley pretende mejorar el régimen disciplinario interno de los servicios de emergencias y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil, con el objetivo de clarificar su actuación y la cadena de mando de este personal en los dispositivos de emergencias que se pongan en marcha en el futuro.
El nuevo texto normativo profundizará también en la normativa relativa a la auto-protección y prevención ante posibles desastres, concretando un régimen sancionador contra personas y entidades que lleven a cabo actuaciones negligentes y provoquen un daño al patrimonio natural o a las personas.
Asimismo, se planteará una reorganización de los centros de emergencia, dotando a los operadores del 112 de herramientas que mejoren su labor y faciliten su profesionalización.
Se trata de crear un cuerpo propio de gestores de emergencias y que la Comunidad de Madrid establezca, vía Ley, una escala de mando, una escala operativa y una categorización como funcionarios agentes de la autoridad de estos profesionales.
Igualmente, se plantea una mejora de la organización de los servicios de bomberos y una definición más clara de las competencias regionales y municipales en materia de protección civil, rescate y salvamento.
