La campaña electoral y el día a día nos han hecho perder la perspectiva y olvidar que las amenazas que sufre la moderna democracia liberal (populismo, secesionismo, guerras comerciales, desgobierno) no son exclusivas de un solo país. Muy al contrario, el sistema se está viendo azotado a nivel mundial por fenómenos conocidos y encarnados por el Brexit, Trump, Bolsonaro, Salvini, Erdogan o, más recientemente, la victoria de la ultraderecha en Finlandia.
Una buena reflexión sobre cómo hemos llegado a esta situación se puede leer en la obra ¿Cómo mueren las democracias?, donde los profesores Zimblat y Levitsky recuerdan que la mayoría de las quiebras democráticas en los países más desarrollados no las provocan generales o soldados, sino los propios gobiernos y cargos electos. Y la España dirigida por Pedro Sánchez no es ni ajena ni inmune a este planteamiento global.
Una de las responsabilidades más importantes de los partidos políticos y, muy en particular, de la Presidencia del Gobierno, es fijar el rumbo del país dentro de los márgenes de su Constitución. En los países de la OCDE, esta norma suprema incluye mecanismos de corrección que podemos denominar ‘guardarraíles’ y que están destinados a resolver situaciones límite o de urgencia. Lo preocupante es que Pedro Sánchez está circulando sobre estos quitamiedos del camino democrático, al límite de la Carta Magna y muy cerca de provocar un grave accidente político y social.
Sánchez ha convertido la excepcionalidad en su forma de gobierno. Llegó a la Moncloa por el procedimiento de la moción de censura, la primera con éxito en nuestra democracia. Si bien se daban motivos para la misma tras la condena judicial al PP, esta se cimentó no en un pacto de constitucionalistas, sino con aquellos que promueven la desigualdad entre ciudadanos y atacan las bases del Estado de Derecho.
Una vez instalado, el presidente ha suplido su incapacidad para llegar a acuerdos con el abuso del decreto ley, fórmula reservada a situaciones de especial necesidad. Cuando se ha visto incapaz de aprobar sus presupuestos o de formar un Gobierno estable, ha utilizado de forma partidaria la prerrogativa para convocar elecciones, llevando a los españoles a las urnas por cuarta vez en menos de cuatro años y olvidando el principio de interés general en favor de un interés particular.
Por si fuera poco, su partido flirtea ahora con la posibilidad del aplicar a los líderes secesionistas catalanes condenados por el Tribunal Supremo la figura del indulto, una herramienta controvertida de nuestro ordenamiento jurídico si lo que se pretende con ella es que el Poder Ejecutivo enmiende al Poder Judicial por motivaciones políticas.
Este uso injustificado de lo que en realidad son recursos de excepción nos ha llevado a un escenario sin precedentes. En su huida hacia ninguna parte, el PSOE ha golpeado contra los quitamiedos legales que actúan como garantes de la democracia. En vez de frenar y volver a la calzada, sigue conduciéndose sobre los guardarraíles que protegen nuestra Constitución, durante demasiado tiempo y en compañía de personas como Quim Torra o Gabriel Rufián, cuyo objetivo es romper las costuras de la convivencia.
Esta forma de gobernar en la excepcionalidad y la unilateralidad es la que ha llevado a nuestro país a vivir una auténtica emergencia nacional. Es urgente reconducir esta situación y gobernar de nuevo por el centro de la calzada. Es imprescindible recuperar la normalidad democrática y acudir a las fórmulas de urgencia solo cuando pueda darse consenso entre las fuerzas que quieren a España y respetan nuestra Constitución.
Desde Ciudadanos, ya hemos tendido la mano y estamos dispuestos a forjar un acuerdo de país entre constitucionalistas. Los españoles no se merecen menos. De lo contrario, corremos el riesgo de sufrir un deterioro irremediable en nuestra calidad democrática.
Enrique Martínez Cantero, diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid
