El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto ley por el que pagará a las comunidades 4.682 millones de euros de entregas a cuenta de este año y 821 millones a los ayuntamientos, en total 5.503 millones de euros. La Comunidad de Madrid recibirá 679,25 millones de euros.
Así lo ha confirmado la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en la que ha informado de que el decreto ley, que se convalidará en la Diputación Permanente, «muestra un camino» para que comunidades y ayuntamientos «no vuelvan a ser víctimas» de un bloqueo presupuestario e institucional del Gobierno central.
Los 4.682 millones que se pagarán a las comunidades se suman a los 2.136 millones que ya han recibido en 2019 por distintas previsiones presupuestarias como, por ejemplo, el aumento de población.
Con estas cantidades, según Montero, las comunidades recibirán este año por financiación autonómica un total de 102.800 millones de euros, un 7,15 por ciento más que el año anterior.
Respecto a los ayuntamientos, la ministra ha señalado que con la actualización de los 821 millones de las entregas a cuenta, la financiación local se eleva a 18.879 millones, un 4,6 por ciento más.
Según Montero, los gobiernos autonómicos comenzarán a recibir, a partir de este viernes, una carta en la que se les informa de la cantidad final que dispondrán en concepto de entregas a cuenta junto a la liquidación de 2018 que ha sido «francamente positiva».
En la rueda de prensa, la ministra ha considerado «un hito» que las comunidades autónomas y los servicios públicos que prestan no vuelvan a estar supeditadas a un gobierno que no esté en plenas capacidades y con unos presupuestos prorrogados: «Nunca hasta la fecha se había dado el caso de actualizar unas entregas a cuenta con unos presupuestos prorrogados y un Gobierno en funciones», ha precisado.
Montero ha insistido en que el decreto «fortalece» la financiación autonómica y local y ha asegurado que «esta vía» servirá de «orientación» para la próxima reforma del modelo de financiación autonómica y su ley orgánica para que los presupuestos territoriales no dependan del presupuesto general de España.
La ministra ha asegurado que «no hay cambios de criterios» en la actualización de las entregas y ha recordado que el impedimento que, en su momento, esgrimió la Abogacía del Estado era que se entendía que «condicionaba» la labor del Gobierno entrante.
