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Casi la mitad de órdenes de protección a maltratadas son denegadas en Madrid

Los fiscales de la Comunidad de Madrid solicitaron en 2018 un total de 5.038 órdenes de protección a víctimas de violencia machista y se denegaron 2.414.

Los fiscales de la Comunidad de Madrid solicitaron en 2018 un total de 5.038 órdenes de protección a víctimas de violencia machista y se denegaron 2.414, según la memoria anual de la Fiscalía madrileña.

Según la memoria, en el pasado ejercicio los fiscales pidieron además 720 órdenes de alejamiento y 222 de prisión provisional como medidas cautelares para investigados por violencia machista en la Comunidad de Madrid.

Los procedimientos incoados por violencia de género en la comunidad madrileña ascendieron a un total de 30.167, lo que supone «un pequeño incremento» respecto a 2017.

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Además se dictaron 3.656 sentencias condenatorias, de ellas 1.344 por conformidad entre las partes, y 2.181 absolutorias, y los fiscales formularon 6.044 calificaciones.

La memoria comenta que la Fiscalía mantiene relación con la Delegación del Gobierno en Madrid en cumplimiento del protocolo de actuación para la implantación del sistema de seguimiento por medios telemáticos del cumplimiento de las medidas de alejamiento en materia de violencia de género.

Añade que a través del centro de gestión Cometa se remiten a la Fiscalía los partes de alarmas generados por el control de pulseras, que son examinados por los fiscales y en los casos en los que las incidencias son consideradas de gravedad se pide al Juzgado o a la Audiencia la celebración de una comparecencia por si fuera necesario el agravamiento de la medida adoptada contra el investigado.

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Durante 2018 los partes de Cometa han dado lugar a 63 peticiones de comparecencias, lo que supone un leve incremento respecto al año anterior.

Además se recibió del centro Cometa un elevado número de comunicaciones relativas al seguimiento del alejamiento con instalación de dispositivo telemático GPS y los fiscales remitieron 187 escritos a los órganos judiciales por estimar que los hechos pudieran ser constitutivos de delito de quebrantamiento de la pena o de la medida de alejamiento. 

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