El Consejo de Gobierno regional ha aprobado en su reunión de este martes, la última con Ángel Garrido al frente -este jueves dimitirá para formar parte de las listas del PP al Parlamento Eueropeo-, el decreto que da luz verde al nuevo Reglamento del Taxi, cuyo objetivo es impulsar medidas acordes con la nueva situación que vive el sector, mejore su competitividad, y combata de forma eficaz el intrusismo y la competencia desleal.
El Reglamento de los Servicios de Transporte Público Urbano en Automóviles de Turismo entrará en vigor tras su publicación en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM) y con el mismo se intenta culminar un proceso que se ha desarrollado durante los últimos meses a través de distintas reuniones con todas las asociaciones representativas del sector -Federación Profesional del Taxi (FPT), Asociación Gremial de auto Taxi de Madrid (AGATM), Asociación Madrileña del Taxi (ATM), Asociación Élite Taxi Madrid y los representantes de los profesionales que ofrecen sus servicios fuera del Área de Prestación Conjunta- huelga salvaje mediante antes, durante y después de Fitur.
El sector del taxi es fundamental para la economía madrileña: suma cerca de 16.000 licencias en toda la región, genera 1.000 millones de euros anuales y da empleo a más de 100.000 personas.
El nuevo reglamento recoge la posibilidad de establecer tarifas máximas que permitirán ofrecer al usuario un precio fijo y cerrado antes de comenzar el servicio.
Además, se permitirá que los servicios precontratados puedan ser realizados por plaza y pago individual, lo que abre la puerta a prestar servicios de taxi compartido entre varios usuarios. También se podrá recoger a viajeros en municipios distintos de aquellos en los que estén domiciliadas las licencias siempre que el destino sea el municipio que la ha concedido.
LICENCIAS MUNICIPALES
El Decreto introduce también medidas para combatir el intrusismo y la competencia desleal entre empresas, con nuevas causas de extinción de las licencias municipales. Unas licencias municipales para las que los distintos ayuntamientos de la región, si así lo estiman conveniente en función de sus necesidades y características, podrán establecer planes de amortización que permitan garantizar tanto la prestación del servicio a los usuarios como la rentabilidad de la actividad para los profesionales del taxi.
Otras de las medidas que recoge el nuevo texto se refieren a la simplificación de los requisitos exigidos para obtener las licencias de taxi –eliminando así cargas burocráticas–, el tipo de documentación que los taxistas deben llevar a bordo obligatoriamente o la posibilidad de realizar el pago del servicio mediante tarjeta de crédito o débito, una opción que ya ofrecen la mayoría de autotaxis y que ahora se incorpora a la reglamentación.
