Debo confesaros que siempre he sentido prevención, desconfianza y miedo ante instituciones que tienen la capacidad de dirigir nuestras vidas, controlarlas, arruinarlas, si a mano viene. Deben ser sensaciones arrastradas desde la infancia, o que se generaron a base de meterme en el papel de Jack Nicholson, en una de las mejores actuaciones de su carrera, interpretando a McMurphy, en aquella inolvidable película, Alguien voló sobre el nido del cuco.
Me he topado, cuando ya estábamos embocando los vía crucis y los pasos procesionales, con las imágenes de esa anciana maltratada en una residencia y todos mis miedos vuelven a la carga. Causan sensación, son impactantes, aunque serán pronto olvidadas en este marasmo de conmociones sucesivas en las que se ha convertido nuestra vida, mirando por la ventana de los medios de comunicación.
Mi primera reacción es cargar contra esas dos trabajadoras que vejan y maltratan a una anciana, cuando saben que no podrá quejarse, porque ha perdido su autonomía personal y su capacidad de expresar su malestar. Mi primera reacción es el cabreo contra una dirección del centro residencial, que ha ignorado las quejas de los familiares. Y hasta con el presidente de ese grupo de residencias, que anuncia querellas contra el familiar que ha grabado el agravio, en lugar de presentar investigaciones depuradoras de responsabilidades. Las imágenes son muy duras. La indignación inevitable.
Pero, tras esa primera reacción, me paro a pensar que no es éste un caso único, ni en la residencia en la que se grabaron las imágenes, ni en otros centros del mismo grupo empresarial, ni en otras residencias. El problema, por lo tanto, es más amplio, más generalizado. Tiene claves que no podemos pasar por alto.
Una de esas claves consiste en creer que la cobertura de un derecho puede dejarse en manos de los intereses económicos privados. Ya lo dijo Mateo, Nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dinero.
Esta afirmación no supone que la iniciativa privada se vea completamente excluida de la prestación de servicios públicos, pero sí que son los gobiernos elegidos democráticamente los que tienen que asegurar el cumplimiento de los derechos constitucionales. Y nuestra Constitución establece en su artículo 50 que, con independencia de las obligaciones familiares, serán los poderes públicos los que promoverán el bienestar de las personas mayores, mediante un sistema de servicios sociales que atiendan sus problemas.
Dejar en manos de empresarios privados este derecho, sin establecer medidas y suficientes recursos de control, inspección, seguimiento y evaluación es incumplir la Constitución y permitir los desmanes más o menos frecuentes. Negar a las familias y a las propias personas residentes los derechos de participación real, más allá de la queja, o la mera propuesta, es también una burla a la letra y el espíritu de la Constitución.
Me parece esencial asegurar los recursos necesarios, las condiciones materiales y personales. Y eso significa formar profesionales y asegurar sus condiciones laborales y salariales. Basta echar un ojo al convenio colectivo de residencias privadas para personas mayores para comprobar que el salario de quienes tienen trato directo con las personas residentes no alcanza los 1.000 euros brutos.
Tan sólo recientemente se han establecido regulaciones de la formación necesaria para ocupar estos puestos de trabajo. Pero mientras no entendamos que las personas que se encargan de la atención a nuestra infancia y a nuestros mayores necesitan una formación y merecen un reconocimiento profesional y salarial, seguiremos asistiendo a escándalos que nos harán recelar de las instituciones que tienen que velar por nuestros derechos.
Todos los partidos hablan de pensiones, pero no menos importante que los recursos económicos de nuestras personas mayores, es la atención a las necesidades básicas que aseguren y amparen la dignidad de nuestras vidas hasta el momento de la muerte. Todo un proyecto político que la inmensa mayoría de la ciudadanía estaría dispuesta a votar.
