La Fiscalía de Madrid solicita tres años y tres meses de prisión para la expresidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes por un delito de falsedad en documento oficial en el denominado ‘caso máster’, han informado fuentes fiscales.
El escrito de acusación se produce después de que la juez Carmen Rodríguez-Medel concluyera la investigación y procesará a Cifuentes, al ex director del Instituto de Derecho Público Autonómico de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) Enrique Álvarez Conde, a la profesora Cecilia Rosado y a la exasesora del Gobierno regional María Teresa Feito.
Hace casi un año, el digital ‘eldiario.es’ publicó la noticia que desembocó en este procedimiento judicial tras detectarse irregularidades en el máster que cursó en 2011-2012 la expresidenta regional. La exmandataria ‘popular’ se retiró de la política en mayo de 2018 tras la publicación de un vídeo en la que aparecía supuestamente hurtando cremas en un supermercado.
Una vez que se dicte el auto de apertura de juicio, la causa irá previsiblemente a la Audiencia Provincial de Madrid. Si es así, se señalaría para dentro de entre 8 meses y un año, según han señalado a Europa Press fuentes jurídicas.
El Ministerio Público considera a la exdirigente madrileña inductora de la falsificación de un acta «a sabiendas» de que acreditaba una defensa de Trabajo de Fin de Máster (TFM) «que jamás se produjo» y que exhibió en varios medios y redes sociales «para evitar las nefastas consecuencias políticas a las que debería enfrentarse».
El fiscal señala a la docente Cecilia Rosado como autora de la falsificación del acta y pide para ella 21 meses de prisión, esto es, una pena inferior a la de la ex presidenta madrileña porque reconoció los hechos y colaboró en la investigación.
Del mismo modo, considera a Álvarez Conde coautor indirecto del delito y le reclama tres años y nueve meses de prisión mientras que para la exasesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito solicita otros tres años y tres meses de prisión.
En cuanto a las multas, la Fiscalía pide para Álvarez Conde y para Cifuentes 20 meses a una cuota diaria de 50 euros (alrededor de 30.000 euros), para Feito 15 meses con una cuota diaria de 10 euros y para Rosado 4 meses con una cuota diaria de cinco euros.
El escrito de acusación ubica a cada uno de los acusados en el cargo que desempeñaba cuando se produjeron los hechos. Así, detalla que Álvarez Conde era catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, ubicado en Vicálvaro.
Otra de las acusadas, María Teresa Feito Higueruela, era asesora de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid y funcionaria de la URJC. Y Cristina Cifuentes desempeñaba el cargo de presidenta de la Comunidad de Madrid, mientras que Cecilia Rosado trabajaba como personal laboral en la misma URJC.
Esta última fue nombrada directora del Máster en Derecho Autonómico y Local en octubre de 2011, impartido en el curso 2011-2012, por el Instituto de Derecho Público. El referido Instituto, asociado a la URJC y especializado en estudios jurídicos de postgrado, era dirigido por Álvarez Conde.
LA NOTICIA QUE PROVOCÓ EL CASO
A continuación, el fiscal alude a una información publicada en marzo de 2018 en ‘eldiario.es’ en la que se hacía constar que la alumna Cristina Cifuentes no tenía aprobadas todas las asignaturas así como el TFM del Master Universitario en Derecho Público del Estado Autonómico del Instituto de Derecho Público de la Universidad Juan Carlos de Madrid del año 2011/2012.
Relata que dicha noticia provocó que la acusada, Cifuentes, se pusiera en contacto con la también acusada Mª Teresa Feito, «dado que la misma había sido profesora en la citada Universidad durante años y tenía una buena relación con muchos de sus profesores, el rector, Javier Ramos, así como con el acusado y catedrático Enrique Álvarez Conde, para que la misma hiciere las gestiones oportunas con la finalidad de resolver la crisis que la noticia había provocado».
El representante del Ministerio Público subraya que Feito accedió a lo solicitado por Cifuentes y que, de acuerdo con Álvarez Conde, «y a sabiendas de que ésta no había superado todas las asignaturas, no había hecho el Trabajo Fin de Master y no había procedido a su defensa», decidieron que se confeccionaría un acta a la que se le daría «apariencia de verosimilitud».
Con ella, se acreditaría de cara a los medios de comunicación, que la expresidenta madrileña había cursado «el máster con normalidad y superado todos los trámites necesarios para la obtención del título académico correspondiente».
El 21 de marzo de 2018, tras una rueda de prensa dada por el rector, acompañado por Álvarez Conde y otro profesor, para explicar la versión de la Universidad sobre la noticia publicada, el catedrático de Derecho Constitucional quien seguía dirigiendo de facto y a todos los niveles el Instituto de Derecho Público, llamó a Cecilia Rosado «dándole instrucciones para confeccionar un acta en la que se reflejase que la acusada Cristina Cifuentes había defendido el TFM el día 2 de julio de 2012 ante el Tribunal conformado por la acusada Cecilia Rosado, como Secretaria, Clara Souto, como vocal, y Alicia López de los Mozos , como presidente».
Por su parte, Cecilia Rosado, dada la «fuerte jerarquía» existente entre ella y el catedrático y «ante el temor de las posibles consecuencias negativas para su trabajo, de no acatar lo que se le pedía», accedió a confeccionar un acta siguiendo las indicaciones recibidas.
Es más, hizo constar «mendazmente» tras los datos de identificación del Master de la alumna Cristina Cifuentes Cuenca el nombre del director, Enrique Álvarez Conde, y miembros del tribunal.
«Reunidos el Tribunal de Evaluación con fecha 2/07/2012, acuerda otorgar al alumno la calificación global de notable (7’5)», estampando en la misma su firma, y otras dos a imitación de la de sus otras dos compañeras, las profesoras citadas , Clara Souto, y Alicia López de los Mozos.
A continuación creó un email a nombre de Álvarez Conde y envió el acta al correo electrónico del rector, «que ignoraba las manipulaciones realizadas». Ese mismo día, además, de forma «insistente» y «agobiante» María Teresa Feito llamó hasta en 21 ocasiones al teléfono personal de Cecilia Rosado «indicándole que aquella situación debería quedar resuelta como fuere y que en caso contrario la acusada Cristina Cifuentes les iba a cortar la cabeza».
