Cada español consume una media de 132 litros de agua al día durante 2018, lo que supone un ahorro de siete litros por persona al día y al año respecto al ejercicio anterior, según la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS-AGA), una entidad que reclama subir las tarifas para poder cubrir los costes actuales y evitar el deterioro en la calidad del servicio.

En tónica con la Estrategia de Economía Circular, el estudio expone que en España se reutilizaron 268 hectómetros cúbicos, es decir el 7 por ciento del agua residual depurada y generada. Las regiones autónomas que más agua residual reutilizaron fueron la Comunitat Valenciana, Murcia, Andalucía, Baleares y Madrid.

Así lo exponen la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) y la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS) en el XV Estudio nacional de Suministro de Agua Potable y Saneamiento de España, que por primera vez incluye parámetros de la contribución del agua urbana a la economía circular.

El 45 por ciento de este agua regenerada se destinó a la agricultura, el 36 por ciento al riesgo de jardines y zonas de ocio, el 10 por ciento a la industria, el 7 por ciento a la limpieza de alcantarillado y o baldeo de calles y el 2 por ciento restante a otros usos.

A ese respecto, la economía circular, el estudio del sector destaca que una de las principales contribuciones del agua urbana es el aprovechamiento energético de 456 gigawatios por hora al año, el equivalente al suministro anual de energía renovable y verde a una población de 150.000 habitantes.

Además, el informe refleja que el 72 por ciento de los operadores cuenta con dispositivos de aprovechamiento energético; el 673 por ciento calcula su huella de carbono y que el 62 por ciento cuenta con un plan para mitigar o compensar las emisiones de CO2 a la atmósfera.

Asimismo, el informe destaca que el precio medio del agua de uso doméstico es de 1,84 euros por metro cúbico de agua, lo que representa un 0,89 por ciento del presupuesto familiar, es decir, muy por debajo del 3 por ciento que fija la Organización de Naciones Unidas (ONU) como el límite asequible del Derecho Humano al Agua.

Precisamente, esto justifica la reclamación del sector, que pide ajustar las tarifas a los costes ya que aseguran que la inversión prevista, tanto en presupuestos generales como en planes locales sigue siendo insuficiente. De este modo, el documento insiste en que las tarifas actuales siguen sin cubrir los costes y en muchos sistemas solo cubren los gastos operativos. «España debe avanzar en la recuperación de costes», reclama el documento.

El estudio, realizado con una muestra de 34,2 millones de habitantes, el 73,5 por ciento de la población y 1.585 municipios, incluye los datos consolidados de 2016 y analiza los servicios públicos del agua urbana, donde el 73 por ciento es para uso doméstico; el 13 por ciento al consumo industrial y comercial y el 14 por ciento a otros usos.

En cuanto al gasto energético, la media de consumo por cada 1.000 litros de agua en España es de 0,98 kilowatios por hora y metro cúbico. El consumo energético de servicio del ciclo integral del agua por hogar es de 117 kilowatios hora, lo que supone menos que el gasto energético que se produce en el consumo en espera de los aparatos eléctricos que hay en el hogar en la actualidad y supone un consumo energético 10 veces inferior al consumo producido por calentar el agua en el hogar.

Otro de los datos del estudio es que el 72 por ciento de los operadores de los servicios de agua urbana dispone de dispositivos e aprovechamiento energético, mediante energías renovables y verdes y el 40 por ciento de este aprovechamiento se destina al autoconsumo.

En concreto, las formas de aprovechamiento del sector se centran en biogás en las estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR) y en el potencial hidroeléctrico de los caudales de agua empleados. Estas dos fuentes son las mayores generadoras de energía para el conjunto de los operadores.

HUELLA DE CARBONO

Por otro lado, indica que el 63 por ciento de los operadores de los servicios de agua urbana calcula su huella de carbono y que la emisión de CO2 de estas entidades es de 20,08 kiogramos de CO2 equivalente por habitante y año. Esto significa el 0,434 por ciento del total de emisiones españolas de CO2 a la atmósfera.

La producción anual de fangos de depuración asciende a 701.751 toneladas de materia seca, el equivalente a 90 kilos de fango de persona y año, de los que el 85 por ciento se destinan a biosólidos, jardinería y silvicultura; el 10 por ciento se destina a incineración o valoración energética y un 5 por ciento van a vertedero.

Pese a los buenos datos, el sector denuncia que un año más, la inversión prevista en los Presupuestos Generales del Estado y en los planes locales de inversión siguen siendo insuficientes y las infraestructuras de agua están «envejeciendo, con el consiguiente riesgo de perder los niveles actuales de calidad de los servicios de abastecimiento y saneamiento».

El informe apremia a renovar las infraestructuras y construir otras nuevas, estas últimas «fundamentalmente» en materia de alcantarillado y depuración (saneamiento). «Es necesario que la ciudadanía y la autoridades sean conscientes del déficit de inversión que diagnostica y arrastra el sector, especialmente en las necesidades de renovación», insiste el estudio.

En cuanto a la calidad del agua, el trabajo concluye que el 67 por ciento del agua captada para abastecimientos corresponde a aguas superficiales, el 28 por ciento a aguas subterráneas y de manantiales y el 5 por ciento de agua desalada.

En todo caso, el estudio asegura que «los consumidores pueden confiar plenamente en su calidad» y que el agua de grifo es de «absoluta confianza», gracias al «exhaustivo» control de los operadores y autoridades sanitarias.